La fábula de los informantes

Desde hace algunos días se habla sobre la estrategia de seguridad de Iván Duque y la creación de Redes de Cooperación Cívica. Pese a que hasta ahora aparecen en la agenda, estas redes vienen funcionando desde inicios de su gobierno en Meta, Tolima, Cauca, Guaviare, Antioquia, Atlántico y Huila. Según un comunicado del Gobierno, en municipios de estos departamentos la Policía les ha entregado “a ciudadanos, empresas de vigilancia, gremios e instituciones medios tecnológicos como celulares y radios para que puedan informar actividades sospechosas”.

Medios y expertos señalan las similitudes con la Red de Cooperantes que fue pieza clave de la política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe. Esta iniciativa fue inaugurada por el jefe del Centro Democrático en 2002 para “apoyar las labores antiterroristas en todo el país” e incluyó el reclutamiento voluntario de campesinos para vigilar las carreteras del país.

La idea de pedir a civiles que ronden, fichen y acusen ante las fuerzas estatales reaparece cada tanto y tiene quizá sus orígenes a comienzos de siglo XX, en la figura de los resguardos de rentas. Estos datan de 1909, cuando el Gobierno central les devolvió a los departamentos la propiedad y el manejo de sus rentas. Con el fin de controlar las rentas de bebidas alcohólicas y combatir tanto el contrabando como el cocinado de destilados tradicionales, guarapos, viches, chichas y chirrinches, los departamentos probaron varias fórmulas entre las cuales la privilegiada fue la contratación de personas que, por un determinado tiempo, se ocupaban de patrullar calles y patios para acusar infractores e infractoras ante las policías municipales.

Los miembros del resguardo eran hombres de la zona, contratados por las respectivas secretarías de Hacienda o por las licoreras departamentales. En 1918, el presidente José Vicente Concha recibió numerosas quejas sobre el comportamiento de las redes de informantes fiscales en el Caribe. “Para asegurar la tranquilidad tuve que ordenar el desarme de los resguardos y empleados de la renta de licores, que fueron aumentados en vísperas de las elecciones para amedrentar a los ciudadanos”, escribió un gobernador del Atlántico al presidente. Y contó haber interceptado un telegrama escrito por el propio gerente de la empresa de licores, en el que pedía a los mentados resguardos participar en la represión de un líder opositor. De acuerdo con el gobernador, el telegrama decía textualmente: “Sigue para esa (ciudad) A. Blanco. Tránquenle duro y denle una paliza”.

Para el comienzo de la República Liberal ya se hablaba de los resguardos como cuadrillas de civiles armados, defendiendo ideas partidistas e interviniendo siempre en momentos electorales. En las elecciones para concejos municipales de febrero de 1931 se denuncia el violento papel cumplido por los resguardos en Norte de Santander. “Prohíbase a los resguardos de rentas departamentales portar armas de precisión como Grass, Mauser, carabina y otros elementos de la guerra de que disponen actualmente”, estipuló entonces una ordenanza emitida de emergencia por la Asamblea. Además de elecciones, los resguardos, en calidad de civiles con poder armado y ciertas conexiones con élites locales y nacionales, se inmiscuyeron en pleitos y chismes, siempre con malas consecuencias.

Pero fue solo hasta los 40 que, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y los episodios que le siguieron en provincia, los resguardos fueron parte importante de la guerra en departamentos como Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cauca y Casanare. Civiles con el poder de acusar a sus vecinos: una receta que en poco tiempo se salió de madre.