Por: Cecilia Orozco Tascón

La farsa populista

En octubre de 2006 el presidente Uribe alzó su voz en pleno consejo comunitario en Buenaventura, frente a una docena de cámaras de televisión.

Dirigiéndose a unos uniformados les gritó: “Detengan a este señor (secretario de Gobierno del puerto) y llévenlo ante un juez”. Un poco atolondrados, los policías apresaron al “culpable”. Un fiscal lo recibió y, luego, tuvo que dejarlo libre porque no había orden de captura contra él. La denuncia penal apareció días más tarde, se abrió el caso, un juez lo absolvió y un tribunal lo condenó. Bandido o no, el mazo del Ejecutivo ya había caído sobre el tipo desde antes de que se iniciara la causa judicial. Cinco años después el vicepresidente Garzón, quien como gobernador del Valle del Cauca presenció la teatral escena, la repitió: interrumpió su propio consejo, también frente a muchas cámaras, para protestar airadamente porque unos agentes condujeron a un sindicalista ante un fiscal, a la salida de su reunión. El vicepresidente sentenció que el trabajador no podía ser detenido porque “apenas” estaba siendo investigado por siete delitos “relacionados con una protesta social”, como si hubiera infracciones “legales” al Código Penal.

José Oney Valencia, el defendido del ‘juez’ Garzón criollo, es un líder de los corteros de caña del Valle del Cauca, un sindicato que se ha enfrentado, con sobradas razones sociales, a los ingenios de azúcar. En 2008 hubo duras manifestaciones y paros. Valencia fue denunciado por concierto para delinquir, lesiones agravadas, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, etc. El juez 20 penal municipal (de Cali) autorizó su detención, solicitada por el fiscal 13. El Centro de Servicios Judiciales ofició a los organismos de inteligencia sobre la medida contra él y otros, y desde ese momento se incluyó en el sistema. Al entrar al evento el sábado pasado, el registro electrónico de seguridad lanzó la alerta sobre su cédula. El cortero dijo que aclararía el asunto pero que iba a intervenir primero en el evento del vicepresidente. A la salida, fue con los agentes a una fiscalía, pero como era fin de semana sólo ayer el juez contestó que la orden estaba suspendida, no obstante que Valencia continúa vinculado al proceso del que seguramente saldrá bien librado. Pero ése no es el punto. Levantando su celular, el vicepresidente hubiera podido enterarse de la situación de Valencia pero le convenía más el show mediático. El discernimiento es lento, la emoción rápida; y los intereses políticos se alimentan de circo.

En 2010, Valencia le hizo campaña al senador Alexánder López, otro aprovechador electoral de las necesidades obreras. Ese congresista estaba al lado de Garzón en el evento. El vicepresidente, hoy tan sensible, se hizo el loco con la crueldad laboral de las administraciones Uribe los ocho años pasados. Convivió solícito con él, como gobernador (2003 – 2007). Acompañó al exmandatario a Estados Unidos para que constara que los trabajadores estaban de acuerdo con el TLC. Y fue a hacer la misma tarea a la OIT. Dos meses después de la judicialización de Valencia, Garzón aceptó ser el representante del Gobierno que incentivó las contrataciones mediante cooperativas, en Ginebra, Suiza. Y ahora quiere hacernos creer que es el gran defensor de los obreros. La verdad es muy otra: está activando su proyecto personal electoral para el 2014 con su cómplice político, Julio Roberto Gómez, otro exsindicalista, desde el movimiento Centro Independiente que pretende ser de izquierda. El futuro está previsto: Petro, alcalde de Bogotá, y Angelino Garzón, candidato a la Presidencia apalancado en esa Alcaldía. La oposición interna a Santos es pues, táctica. Eso sí, sin dejar salarios, carros, casas, escoltas y sustento oficial. ¡Qué farsa! ¡Y qué hipocresía!

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