¿La formalización de la mermelada?-

Increíble, dice la indignación popular, el descaro de los congresistas de todos los partidos —del Polo al Centro Democrático— que apoyan un proyecto de ley que le permitiría al Congreso manejar el 20% del presupuesto de inversión del país. Se le une a la indignación popular la “molestia” del Ejecutivo, que se encuentra perturbado en su seriedad “técnica” por la osadía del Legislativo.

¿De dónde fue que nos vino esa confianza ilimitada en la probidad de los ministros de Hacienda y en la corrupción incontenible de los congresistas? Para un pueblo que no pierde oportunidad de hacer gala de su cinismo acerca de sus gobernantes, pecamos de ingenuidad sistemática si es que pensamos que la corrupción es un problema exclusivo del Congreso, y que se soluciona minimizando su injerencia en el gasto público.

La corrupción es un problema de la naturaleza humana, y la solución democrática es la separación de poderes, no cruzar los dedos para que nos toque un ministro de Hacienda bueno y “técnico”. Yo soy técnico y vivo rodeado de técnicos, y aunque casi todos me caen bien, a ninguno le confiaría el manejo de $250 billones al año sin que la destinación de cada uno de esos pesos estuviera vigilada por representantes de todos los sectores de la sociedad colombiana. Para eso sirve el Congreso. Y antes de entrar a debatir si los congresistas que tenemos están a la altura de la tarea, hay que dejar en claro que, incluso si quisieran hacerla, no tienen cómo. Haga usted mismo, en calidad de ciudadano preocupado por la corrupción, el ejercicio de leer la ley de presupuesto de este año para determinar cuánta plata de esos $250 billones se está destinando a su municipio en inversión educativa. Lo primero que va a pensar es que no la encuentra porque no entiende la terminología o porque no tuvo la paciencia de leerse las 84 páginas. Pero la realidad va más allá de eso: no la va a encontrar porque no está, ni para su municipio ni para ningún otro. El presupuesto que el Ministerio de Hacienda le presenta al Congreso, y que el Congreso tiene que aprobar en un plazo corto, sin proponer grandes modificaciones, no especifica a qué regiones del país se van a ir nuestros impuestos.

¿Dónde se determina a qué municipios —y a qué tipos de programas— se va la plata de todos los colombianos, si no en un debate público que todos podamos ver? Actualmente, las decisiones se toman a puerta cerrada en la oficina del ministro de Hacienda, por la cual desfilan un congresista tras otro. Los que tienen el interés legítimo de representar a quienes los eligieron encuentran que su papel es de poco más que empleados del ministro de Hacienda, y los que desean enriquecerse a sí mismos y a sus amigos cobran su cuota discretamente.

El objetivo del proyecto de ley que se tramita actualmente es que esas negociaciones, ahora secretas, se hagan a la vista de todos. No es inherentemente malo que los congresistas busquen que la nación invierta en sus regiones: al contrario, su función es representar ante la nación los intereses de quienes los eligieron. La corrupción ocurre en secreto, y en ese ambiente oscuro la persona con mayor poder económico en el país es el ministro de Hacienda. No es sorprendente que haya resistencia de su parte a que las decisiones que se toman en privado y sin veeduría ciudadana se tomen a la vista del público. Pero hacerlo es lo correcto y es lo que nos conviene si queremos ser una democracia madura.

* Ph.D., profesor del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana.

Twitter: @luiscrh

También le puede interesar: "Las tres derrotas de Duque en mayo: Santrich, la JEP y el pacto nacional"