A la fuerza no es

“Todos los días hay muertos: hay que estar dando para el cofre y no tenemos con qué”, comenta la alcaldesa encargada de Cáceres en una reunión sostenida hace unos días entre el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y los alcaldes de los municipios del Bajo Cauca.

Esta semana, la violencia, que en esa región es una pesadilla diaria, se volvió noticia nacional porque en la noche del lunes, en la zona rural de Tarazá, Antioquia, bandas armadas detuvieron siete vehículos de carga y, ante la reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, quemaron dos en la huida.

En el Bajo Cauca, como sucede en las regiones donde la coca es fuente principal de sustento de los campesinos, el Estado no ha sido capaz de hacer presencia, por lo cual el Eln y antiguos paramilitares, muchos de los cuales trabajan hoy para los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa, se disputan territorios que ocupaban las Farc; y el Gobierno ha incumplido los compromisos con los campesinos que optaron por la sustitución de cultivos y ha desestimulado los planes de sustitución voluntaria. En cambio, ha priorizado la erradicación forzada y, si la Corte lo permite, fumigará con glifosato.

Y si el Gobierno opta por esas soluciones de fuerza, ¿cuál será el efecto? Los propios habitantes de la zona dan la respuesta:

“Si a la gente le erradican, al otro día está sembrando coca porque no tiene nada más que hacer”, dice la alcaldesa encargada de Tarazá.

“Nos dijeron que la sustitución de cultivos no va más y que sólo habrá erradicación forzada; si llegan a erradicar, lo más probable es que se incrementen los cultivos”, afirma un líder de El Bagre.

“Como el Gobierno no cumplió con la sustitución de cultivos, la gente está aguantando hambre”, dice un campesino de San José de Uré, quien añade: “Los proyectos productivos no llegaron y, para buscarse la comida, la gente va a tener que volver a sembrar coca”.

“La sustitución de cultivos está estancada porque la gente no tiene tierra dónde sembrar”, comenta otro líder del municipio.

“Los campesinos cumplimos, pero la plata no llegó”, afirma uno más.

“Con la implementación del Acuerdo de Paz no ha pasado nada y ya estamos en marzo”, dice un campesino de San José de Uré.

“Todos los escenarios que logró abrir el proceso de paz se están cerrando con Duque”, afirma un líder de El Bagre.

“Íbamos por buen camino en la conquista de la paz estable y duradera, pero retrocedimos a los años 90”, comenta otro.

“En el sur de Córdoba nos están matando y el Gobierno no está haciendo nada; en cambio sí está cerrando los canales que se habían abierto”, dice otro líder del Bajo Cauca.

“La ruptura de las negociaciones con el Eln ha aumentado los problemas: hay más violencia y más desapariciones”, afirma el personero de Zaragoza.

Mientras todo eso sucede en los territorios —la estadística muestra que la resiembra de coca en caso de erradicación voluntaria es del 0,6 %, y se eleva al 35 % en los casos de erradicación forzada—, el presidente se dedica a promover la erradicación forzada, para complacer a los gringos. ¿No es ese el mundo al revés?

Nota. Los bajos, injustos y mal intencionados ataques a la Corte Constitucional intentan minar una institución que es motivo de orgullo y de tranquilidad de los demócratas de Colombia, porque ella garantiza que se respete la Constitución y se salvaguarde nuestro Estado social de derecho. ¡Mi apoyo y respeto a la Corte y a todas sus decisiones!

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