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Un debate está en curso en el país sobre la Fuerza Pública a raíz de nuevos hechos referidos a la inteligencia y la contrainteligencia militar. No es una ofensiva caprichosa y sectaria contra la institucionalidad militar y policial. De lo que se trata es de construir una nueva concepción capaz de impulsar un redireccionamiento consensuado de la Fuerza Pública, tomando en cuenta hechos que se repiten una y otra vez, y los cambios sustantivos en los contextos mundial y nacional. En estas líneas resumo algunas ideas-hipótesis al respecto.
Los hechos revelados en los últimos años y meses por la prensa extranjera, principalmente The New York Times, y por la prensa nacional, principalmente la revista Semana, dejan una vez más al descubierto la realidad problemática que, con respecto a la Fuerza Pública, tiene Colombia, pero no alteran la convicción ciudadana de que la mayor parte de ella es honesta y que discrepa de todo desvío hacia el abuso y la corrupción.
Los graves procederes de varias decenas de militares fueron puestos en contexto y analizados en el marco del debate de control político realizado el miércoles 20 de mayo, en sesión virtual del Senado de la República, por los senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Antonio Sanguino. Es claro que no basta el nivel de las responsabilidades personales. No puede decirse que son actuaciones aisladas (manzanas podridas), ni que se trata de episodios desafortunados pero pasajeros. Preciso es reconocer que lo que aparece es la existencia y persistencia de redes delincuenciales ampliamente extendidas dentro y fuera de la institución militar.
El método inductivo seguido por los senadores: hechos, caracterizaciones, constantes en el tiempo, conduce a conclusiones serias, no así el método deductivo seguido por el mindefensa, Carlos Holmes Trujillo, que parte de generalizaciones retóricas para eludir la explicación de lo fáctico y concreto. En este breve texto empleo el primer método que es el propio de las ciencias sociales.
La saga de hechos, atando cabos entre el hoy y el ayer, muestra que de manera intermitente pero sostenida, un día aquí, otro allá, en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y los órganos de inteligencia se pretermite la ley y se cometen delitos de diversa índole; ocurren gigantescos episodios de corrupción; se hace inteligencia contra los opositores sociales y políticos, inclusive contra integrantes de poderes públicos que ocasionalmente resultan incómodos; se entra en connivencia con mafias y clanes; se apoya y ampara a delincuentes; se trafica con droga, armas, salvoconductos e información; infinidad de crímenes inocultables por acción o por omisión. Todo ello, a fin de favorecer intereses de unos y conculcar las libertades, derechos e intereses de otros.
Lo anterior, de notorio y público conocimiento en tiempo reciente, tiene, sin embargo, una larga historia. Esa historia de irregularidades, deformaciones y actuaciones ajenas a la función esencial que la Fuerza Pública cumple en un ordenamiento democrático republicano, como se supone que es el nuestro, ya está hecha y es conocida. Además, se ha ilustrado en memorables debates en el Congreso de la República.
Tal preocupación suscitan los graves sucesos del presente que el propio presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Iván Duque, se ve obligado a ordenar que se ausculten minuciosamente los últimos 10 años de la inteligencia y contrainteligencia militar. 20 o 30 años estaría mejor porque más oportunidad habría para indagar no solo por las actuaciones de los militares, sino también por las orientaciones de la parte civil del gobierno frente a los asuntos militares y la Fuerza Pública.
El país necesita abordar sin vacilación, con rigor, una lectura en profundidad de sus Fuerzas Armadas para entender, es mi hipótesis, cómo ellas han devenido en un Estado dentro del Estado; un aparato que devora recursos inmensos, gran parte vía corrupción, que sacrifica hombres y mujeres, casi todos jóvenes, ejemplarmente leales con la institucionalidad democrática; un órgano hipertrofiado y sin embargo ineficiente (no protege eficazmente la vida de todos, ni todo el territorio, ni frente a todos los actores de violencia armada); un poderoso actor que deforma el Estado de derecho y dificulta la realización plena de un país soberano, democrático y pacífico.
Todo indica, otra hipótesis, que no tenemos la Fuerza Pública que el país necesita hoy. ¿Cómo no haber emprendido hace tiempo su reforma y actualización? ¿Por qué, a pesar de algunos pasos importantes, ni en la Constituyente, ni en los diálogos de paz, ni fuera de ellos, se ha avanzado en el diseño de su transformación? ¿Por qué no materializa la Fuerza Pública el monopolio legítimo y garantista de la fuerza? ¿Por qué el país no se ha dotado de una ley de defensa y seguridad después del intento fallido de 2001? ¿Por qué la inspiración de su quehacer sigue estando en la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, axiomas propios de la Guerra Fría? ¿Por qué todo cambia y nuestras Fuerzas Armadas siguen en el inmovilismo, ancladas en el esquema autonomista que consagró Alberto Lleras Camargo, ya con la investidura de presidente electo, en su célebre discurso del Teatro Patria el 9 de mayo de 1958?
Tengo la convicción, quizá sea también la de otras personas, de que de la evolución de nuestra Fuerza Pública depende en gran medida la consolidación de la paz, la paz total, como juego de pluralidad en un marco de convivencia democrática. Esa es la importancia de este debate que no es para infamar a ninguna persona o institución, sino para iluminar un asunto de la mayor importancia en el presente y el futuro del país. No es poca cosa lo que está en juego.