Por: Rafael Rivas

La función del ministro

Hace 20 años, cuando el ministro de Defensa era un general en servicio, era vocero de las Fuerzas Armadas ante el Gobierno. Transmitía los puntos de vista de los militares y, de manera subsidiaria, transmitía a los militares las consideraciones que informaban las decisiones de los civiles.

 Este esquema pudo haber sido útil para tranquilizar a las Fuerzas Armadas durante el tránsito del Frente Nacional, pero no contribuía mucho al control civil sobre ellas, que hace parte de cualquier democracia fuerte. A su vez, la falta de control y de confianza civil sobre las Fuerzas Militares explicaba la insuficiente asignación de recursos para que éstas desempeñaran su papel de manera eficaz. El Gobierno compensaba su falta de dominio manteniéndolas débiles.

Este no era un modus operandi sano frente a los retos de orden público de los años 60 y 70, pero parecía sostenible. Con el auge del narcotráfico ya no lo fue, como quedó de manifiesto con la toma del Palacio de Justicia y su recuperación trágica. Desde el gobierno Barco se comenzó a considerar la posibilidad de nombrar un ministro de Defensa civil, y no era coincidencia que esto ocurriera mientras se hacía un esfuerzo para otorgarle más recursos a la Fuerza Pública. Esto finalmente sucedió en el gobierno Gaviria.

Una golondrina no hace verano. El proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ha sido gradual y ha tomado muchos años. Lo mismo ha ocurrido con los esfuerzos por fortalecer el control institucional sobre ellas. Ha sido un proceso paulatino, lento e imperfecto, mientras cambiaban hábitos y hombres. Y ha dependido del activismo de la justicia civil y la presión internacional. A pesar de los defectos y decepciones, era un esfuerzo que iba por buen camino.

Pero hemos hecho un alto en el camino. So pretexto de que las autoridades civiles estaban, ya sea entorpeciendo la pronta acción de las Fuerzas Armadas, ya sea hostigándolas a posteriori, hizo carrera la idea de que había que restablecer el fuero militar. Se decía que sólo los militares pueden entender los actos del servicio. (Sobra decir que todo el mundo prefiere ser juzgado por sus colegas: comisionistas de bolsa por comisionistas de bolsa; sacristanes por obispos). No está claro cuáles eran los casos de hostigamiento, ni por qué no se podían corregir con medidas menos drásticas que retirar el fuero de la justicia civil a los delitos militares. Y no lo está porque, en lugar de explicarlo, el Gobierno optó por modificar el sistema por asalto, introduciéndolo al final de las discusiones de la reforma a la justicia. La reacción de la opinión evitó que el fuero militar se restableciera por la noche, pero al final el ministro logró lo que querían las Fuerzas Militares.

Ahora, decide el Estado alegar ante tribunales internacionales que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos. Si, a pesar de las declaraciones del presidente a comienzos de su gobierno, el Estado considera que no puede hacer frente a un evento que ocurrió hace 30 años con argumentos maduros, ¿qué se puede esperar del restablecimiento del fuero militar?

Quizás para facilitar las conversaciones de paz estamos volviendo a las épocas en que el ministro de Defensa interpretaba su oficio como el de vocero de gremio. Esto no es del todo inusual, pues en estados débiles es más fácil para los funcionarios tomar el partido de quienes prestan un servicio que el de quienes lo reciben. Lo mismo le ha ocurrido con frecuencia al Estado en ámbitos muy diferentes: en las empresas municipales de servicios públicos, en la Rama Judicial, en el Ministerio de Educación. El consumidor, el ciudadano anónimo, es siempre el eslabón más débil de la cadena. En todo caso, en este caso, aun si se podía alegar que había que restablecer un equilibrio, el péndulo se ha ido al otro extremo.

 

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