La gestión política de la vida y la muerte

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Una pandemia es una amenaza de muerte indiscriminada que nos confronta con la posibilidad de nuestro propio final. La gestión de la muerte es, en primer lugar, un asunto personal, pues cada uno trata de aislarse del contagio al reducir al mínimo los contactos con la comunidad, convertida en la fuente del peligro. Al vivir en sociedad, la amenaza de muerte se vuelve el problema colectivo más importante y la respuesta es la gestión política de la epidemia, que revela, como una radiografía, las formas dominantes de gestión de la vida y la muerte. El debate, en esencia, es cuáles vidas salvar y cuáles sacrificar, en nombre de un bien mayor, la supervivencia de la comunidad.

El coronavirus que se extendió por el planeta podrá matar a los viejos, los enfermos crónicos, los que sufren desnutrición, los confinados en cárceles, asilos y hogares de ancianos, los que no cuentan con servicios de salud adecuados, y los que dependen del rebusque informal para sobrevivir. Están en alto riesgo de morir los médicos y enfermeras que no tengan los elementos de protección adecuados para estar en contacto directo con los infectados, como empezó a suceder.

En el mundo se perfilan dos estrategias distintas para enfrentar la pandemia: las medidas disciplinarias de confinamiento y aislamiento obligatorio de toda la población, con excepción de los servicios esenciales de alimentación, transporte, salud y seguridad, por un lado, y las medidas de vigilancia epidemiológica con tests generalizados y rastreo cuidadoso de los contagiados para aislarlos e impedir que infecten a otros, como en Japón, Singapur, Taiwán y China después del confinamiento inicial para aplanar la curva de contagios.

En ambas estrategias los gobiernos asumen poderes para controlar los cuerpos, impedir aglomeraciones, obligar a usar mascarillas y aumentar distancias entre las personas, y sobre todo lo anterior aumentan su capacidad para rastrear la ubicación y movimientos de los ciudadanos, controlar sus interacciones y sus gastos, e impedir las acciones colectivas que supongan reuniones de la comunidad. En estas circunstancias, el poder se concentra en la cúpula política y se vacía de las manos los ciudadanos, y el temor generalizado es que, después de pasada la pandemia, los gobiernos no quieran ceder el nuevo poder adquirido en la emergencia y lo quieran usar para hacer más exigua la democracia, que descansa en las mayorías.

Es una paradoja que en Colombia y muchos otros países se hubiera extendido desde noviembre del año pasado un movimiento de protestas ciudadanas para exigir mejores políticas sociales, que convocaron aglomeraciones en plazas y calles, mientras se expandía desde China el virus que nos obligaría a aislarnos y disolver las protestas en el confinamiento obligatorio, para dejar al Gobierno las manos libres para enfrentar la pandemia y la depresión económica como única prioridad. La agenda de cambios estructurales que los jóvenes, los movimientos territoriales, las minorías étnicas y los sindicatos querían poner sobre la mesa quedó relegada ante la gestión política de la epidemia, que, en últimas, es la decisión del Gobierno de quiénes viven y quiénes mueren.

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