Por: Sergio Otálora Montenegro

La gran perversión del Tío Sam

MIAMI.- Todos, demócratas y republicanos, la respetan y acogen como una de las libertades que debe ser protegida por la constitución de Estados Unidos. Los más conservadores y la nefasta Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) la consideran un derecho intocable. Los más liberales la respetan, pero buscan limitarla.

Se trata de la Segunda Enmienda que les da el “derecho” a los estadounidenses de comprar y portar armas con muy pocas restricciones. Usted, estimada lectora, puede ir a un “gun show”, es decir, a una feria de armas, y mercar como si estuviera en un Carulla, pero en lugar de frutas y legumbres, compra  fierros: deme,  caballero,  dos rifles de asalto, tres pistolas, dos revólveres y munición para poner a funcionar los juguetes. Usted sale con su paquete de armas y nadie le va a poner problemas. También las puede conseguir por internet. Es su derecho constitucional, como el de expresión o el de libertad religiosa. 

El asesino de Las Vegas, Stephen Paddock, tenía un arsenal de más de cuarenta armas distribuidas en varias casas de su propiedad. En la suite del hotel Mandalay Bay, donde armó el tinglado de la matanza,  había 23 armas, todas rifles de asalto, (con cargadores y adaptadores para convertir armas  semi automáticas en automáticas, es decir, más letales), y en cuestión de minutos acabó con la vida de por lo menos 58 personas e hirió a más de 500. Su blanco fue un concierto de música country al que asistían 22.000 espectadores.

Sea que haya sido obra de un asesino solitario, sin más motivación que su propia demencia, o la de un hombre que tuvo ayuda de otros para su sangrienta empresa, lo concreto es que quedaron al descubierto todas las variables de los intereses creados que se mueven alrededor de las armas y del “ejercicio democrático de la segunda enmienda”.
Tal vez fuera de Estados Unidos no se sepa con claridad que la NRA, un poderoso grupo de presión aliado a la industria armamentista, califica con A o con D a los políticos de los dos partidos. Esa información la publica a todos los vientos en su sitio web.  Los que obtienen la máxima calificación – como Trump, por ejemplo- son aquellos que no objetan de ninguna manera la adquisición y tenencia de armas y no buscan ponerles controles o límites. Los que obtienen la calificación más baja – por lo general demócratas – son aquellos que buscan regular más la compra de fierros, limitar su tenencia y cerrar todos los vacíos legales, con el propósito de que todo aquel que adquiera un arma, sea a través de internet o de una feria,  deba someterse a una revisión de antecedentes criminales.

El que obtiene A puede recibir aportes económicos de la NRA y además el apoyo de un número considerable de  votantes, sobre todo en zonas rurales y de estados muy conservadores, que equiparan el poder comprar un fusil con el derecho a que no sean perseguidos por sus creencias religiosas. La asociación moverá todos sus mecanismos de propaganda para apoyar a ese político. 

Y hará lo propio para desprestigiar y destruir al candidato presidencial, concejal, senador, representante o alcalde, que busque ponerle coto a un comercio sin restricciones, o volver a prohibir que cualquier ciudadano pueda comprar rifles de asalto o armamento militar. Esas fueron las armas letales que utilizó el asesino de la escuela elemental Sandy Hook, en Connecticut, en diciembre de 2012,  para matar  a 20 niños, de seis y siete años, y seis adultos, entre ellos la directora del colegio. 

 La NRA tiene cinco millones  de miembros. Es una especie de cofradía extremista, casi como una iglesia,  que  ha convertido, de manera tan torcida como genial,  un privilegio o una concesión del Estado  en un derecho humano inalienable.  

Esta misma organización  emitió un comunicado, tres días después de la tragedia, en el que expresa su acuerdo en que se limite el uso de esos dispositivos que convierten armas semi automáticas en automáticas. El asesino de Las Vegas utilizó dicho mecanismo para ampliar la capacidad mortífera de su arsenal. Ya prominentes republicanos dijeron que apoyan la medida de hacer ilegal la utilización de tales dispositivos.  Pero  eso son apenas paños de agua tibia. En el mismo comunicado la NRA llama a que los parlamentarios de Washington pasen una ley que busca que las licencias de portar armas funcionen en todos los estados como los permisos de conducir. Si alguien  obtuvo una licencia en Miami para portar un arma y se va de paseo a Greenville, Carolina del Sur, dicha licencia será válida también en esa ciudad. Será el trasiego de fierros por todo el país, sin ninguna limitación. 

Es la enorme perversión del tio Sam. El gran demonio. La masacre del pasado lunes no será un punto de quiebre. Seguirá la tragedia sin que nadie actúe de verdad. Un individuo  podrá tener un arsenal sin problema con la excusa de que está  haciendo uso de su derecho inalienable. Vendrá otro loco, o terrorista, o cualquier otra combinación, y disparará contra gente desarmada. Sucedió en 1999 en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado. Doce estudiantes fueron asesinados por un ataque armado de sus mismos compañeros de clase. Sucedió en Virginia Tech, en 2007, donde un alumno de esa universidad abrió fuego y mató a 32 estudiantes.

Pasó en la discoteca Pulse, en Orlando, Florida, apenas en 2016. El atacante utilizó un rifle de asalto y acabó  con la vida de 49 personas. Nada parece sacudir la conciencia de los fabricantes de armas, sus defensores de oficio y sus políticos fletados.  

Si esta sociedad y sus representantes en Washington no reaccionan de manera vigorosa ante un crimen sin antecedentes en la historia reciente de Estados Unidos, si este país no es capaz de responder  a una amenaza tan letal como el estado islámico o Al Qaeda, eso significa que la democracia estadounidense es rehén impotente de los intereses creados de la multimillonaria industria armamentista.

Sólo un detallito para tener en cuenta: cada vez que se da una masacre, suben las ventas de armas.  El miedo y la alienación van de la mano. 

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