Por: Humberto de la Calle

La guerra del aborto: nueva serie

No creo que curas célibes, con poca experiencia en el tema como es obvio, y fundamentalistas religiosos de diversa pelambre, sean los mejores consejeros de la ciudadanía para resolver la pugna sobre el aborto.

Pugna que ha sido innecesariamente alentada por sectores extremistas en momentos en que la sociedad había recibido con calma la decisión de la Corte de despenalizar los tres casos archiconocidos y generalmente aceptados de aborto en circunstancias en que la protección a la vida del feto debe ponderarse conjuntamente con los derechos de la mujer: vida digna, integridad, autonomía personal, no discriminación, salud, libre desarrollo de la personalidad e intimidad.

Las iglesias están en el derecho de impartir lecciones morales a sus fieles. Ni el Estado, ni los ciudadanos ajenos a ellas, tienen licencia para entrometerse en la vida interna de las organizaciones religiosas. Me parece absolutamente entendible que las iglesias rechacen el comportamiento de mujeres que abortan en contra de sus enseñanzas dogmáticas. Sencillamente, nadie está obligado a pertenecer a esos cultos. En mi tierra, Manizales, monseñor Pimiento ordenó que los hijos de las parejas amancebadas no podían recibir el bautizo mientras los padres no regularizaran su situación. Todo el mundo le cayó encima y yo me permití defender a monseñor con el mismo argumento: es como el tipo que detesta la corbata pero quiere ser socio de un club que la exige. Una incoherencia muy común entre nosotros. Católicos de medio pelo que escogen de la religión únicamente lo que les conviene.

Pero sucede que nuestro Estado es aconfesional. El asunto del aborto debe ser abordado desde esta perspectiva. Más allá de la discusión sobre el principio de la vida, lo que la Corte ha hecho es fijar un límite estatal dentro del cual es la mujer la que decide. Ni el aborto es obligatorio, ni siquiera plausible. Pero puede generar un estado de necesidad en circunstancias dramáticas.

La discusión está desconfigurada. Mientras quienes defendemos la sentencia apenas reivindicamos la libertad de la mujer y aceptamos la objeción de conciencia individual, los conservadores quieren llevar a la ciudadanía a adoptar una imposición, una prohibición con trasfondo penal, tomando para sí argumentos religiosos para imponérselos a toda la sociedad.

Me atrevo a decir que un referendo para tumbar la sentencia es inconstitucional. ¿Por qué, dirán, si Constitución mata Constitución, con mayor razón cuando es producto de un referendo? Pues porque aquí no juega el constituyente primario, al contrario de lo que suele decirse con ligereza. El cuerpo ciudadano, convocado a referendo, es un órgano constitucional. Sujeto, por tanto, a límites. Ya se sabe que le está prohibido sustituir la Constitución. De modo que la hipotética mayoría, con el argumento tautológico de que es más poderosa estadísticamente, no puede menoscabar los derechos de la mujer sin sustituir la Constitución. Precisamente el constitucionalismo hoy es más protección de minorías que aplanadora de mayorías.

La solución equilibrada es la que tenemos: No al aborto como “derecho de opción” a voluntad de la mujer. Sí a la sentencia. Y sí a la objeción de conciencia auténticamente basada en las convicciones personales, pero no en imposiciones institucionales.

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