Por: Salomón Kalmanovitz

La hecatombe tributaria

ESTÁ EN MARCHA UNA ENORME Y silenciosa reforma tributaria que tendrá unos impactos muy negativos sobre el balance fiscal y sobre la capacidad misma de que dispondrá el gobierno en el futuro para enfrentar coyunturas críticas.

La reforma profunda tiene dos bases: la proliferación de zonas francas con tarifas al impuesto de renta 60% por debajo de lo que especifica la ley y la firma de contratos de estabilidad jurídica que prolongan las exenciones tributarias nuevas y viejas a grandes empresas por 20 años.

En efecto, cualquier territorio y firma pueden convertirse en zona franca especial con un impuesto de renta de 15%, contra el 33% que deben pagar los que no puedan acceder al privilegio. Una gran empresa puede firmar un contrato elaborado a su medida, mediante el cual este Gobierno se compromete a sí mismo y a otros cuatro gobiernos del futuro a que no le quitarán las gabelas concedidas, no importa que el país se esté derrumbando económicamente o nos corresponda un extendido conflicto interno y fronterizo.

 La DIAN deberá entonces, si pretende ejercer control fiscal, nombrar a un funcionario para que se encargue de supervisar el peculiar contrato de cada cual y se ajuste al mismo.

Hay varios elementos muy graves en la subrepticia política tributaria del Gobierno. El primero es que se atribuye funciones legislativas del Congreso para retirar, antes que poner impuestos, siendo esta función de la esencia misma de la democracia liberal: no habrá tributación (o falta de ella, debemos agregar) sin representación que discuta a fondo las implicaciones económicas y morales de estar renunciando a grandes recursos fiscales, en momentos cuando el Gobierno está embarcado en una inusitada expansión del gasto militar y de combate a la pobreza; por ello, registra un déficit fiscal de más del 3% del PIB. Este es otro atajo de los que tanto ha abusado esta administración para volver ley de facto su adicción a estar regalando impuestos.

El financiamiento del déficit fiscal es, entre otras, una de las causas de la revaluación en curso (un impuesto a los exportadores), porque el Gobierno contrató 2.000 millones de dólares de deuda adicional, en vez de estar prepagando deuda externa por un monto semejante. La emisión de nuevos TES en pesos atrae inversión extranjera de portafolio. Es ilusorio ponerle peajes a la entrada de capital, como lo vienen haciendo el Gobierno y el banco central, en vez de cortar por lo sano y dejar de emitir nueva deuda. Imponerle al Banco de la República que salga a comprar los dólares que el propio Gobierno trae es atizar la inflación, otro impuesto contra los pobres.

Las implicaciones morales de la reforma tributaria no son menos graves, pues se está conduciendo a que se deteriore la distribución de la renta después de impuestos. Se obliga por la misma razón a que, si es del caso, se le imponga al resto de la sociedad pesadas cargas tributarias indirectas (alza del IVA) y a las personas naturales para compensar los recursos regalados a empresas con ingresos superiores a los 7.000 salarios mínimos.

Nos estamos devolviendo a una fase que parecía superada de una sociedad premoderna dominada por los privilegios y cuyo gobierno se apuntala con base en favores. Se liquidó el principio sobre el cual descansa la sociedad justa: los ciudadanos son iguales frente a la ley.

Ya no hay derechos iguales para todos, sino para algunos que el Gobierno privilegia. También se acabó con el principio de la sociedad democrática, en la cual los ciudadanos contribuyen a financiar al Estado en proporción a su riqueza. Ahora los que tienen menos contribuyen más y viceversa.

* Decano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

 

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