Por: Rafael Orduz

La herencia de 'No nacimos pa semilla'

LA INSEGURIDAD URBANA ESTÁ EN auge y menores de edad son protagonistas.

Tráfico de drogas y de armas, extorsiones, atracos y homicidios recrudecen en las comunas de Medellín, en Bogotá, Cali y Barranquilla. En la capital, el asesinato de una menor a manos de una compañera escandalizó a la sociedad.

¿Es la solución el endurecimiento de penas para los menores?

El reclutamiento de menores para la comisión de delitos por parte de los carteles de la droga en los ochenta y los noventa llevó a la revisión de la política de inimputabilidad penal. Jóvenes que, en vez de estar en las aulas, asesinaban desde una moto al ministro Lara o a bordo de un jet al candidato Pizarro debían, si no morían en acción, ser castigados severamente. El Código del Menor vigente, se pensó entonces, abría espacios a los actos atroces y la impunidad gracias a la inimputabilidad.

Pasaron muchos años para que la revisión de la figura se hiciera realidad en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098/2006), que permite privar de la libertad en centros de atención especializada a adolescentes mayores de 16 años cuando los delitos tengan una pena mínima de seis años de prisión en el Código Penal.

Ante el alza de la violencia urbana, el énfasis en las reacciones oficiales está en el endurecimiento de las penas y en extender la imputabilidad a jóvenes de 14 años. Reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal serán tramitadas en el Congreso.

Sin duda, una clave es la reducción de la impunidad. Sin embargo, la respuesta está más cerca de lo que algunos llaman el “populismo penal”, que consiste en sustituir un enfoque integral de políticas criminal, judicial, de prevención de la delincuencia juvenil y la violencia intrafamiliar, de lucha inteligente contra las drogas y, principalmente, de política social en áreas críticas por más años en centros de reclusión para los jóvenes que delinquen.

América Central, en donde hay imputabilidad a los 12 y 13 años, deja dolorosas enseñanzas. Una de ellas es que la estadía en centros de reclusión pasa a ser parte de la hoja de vida de los miembros de las bandas (maras), en tanto que pulen sus destrezas delictivas. Naciones Unidas, en su último informe sobre América Central, habla de sustituir la mano dura, inefectiva, por la mano inteligente, integral.

El microtráfico de drogas y la posesión de armas de fuego es asunto que trasciende las comunas, organizados en Colombia por las tenebrosas Bacrim y otras yerbas negras a cargo de adultos criminales que instrumentan a los jóvenes.

En Medellín, los adolescentes que delinquen hoy son los hijos de la generación de los sicarios de Pablo Escobar, aquella que Alonso Salazar y Víctor Gaviria describieron en No nacimos pa semilla y Rodrigo D., no futuro. El reto de hoy es la ruptura del legado intergeneracional de violencia y no futuro que, además de reformas a los Códigos, requiere sólidas políticas de prevención y de inversión social.

 

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