Por: Elisabeth Ungar Bleier

La hora cero de la reforma política

El inicio de la discusión en el Congreso sobre el proyecto de reforma política, presentado por el Gobierno, y la consulta anticorrupción, promovida por miembros de la Alianza Verde, ha generado un debate sobre la necesidad, oportunidad, pertinencia y viabilidad de expedir nuevas leyes para que los cambios contemplados en estas iniciativas se materialicen. De ahí la importancia de preguntarse si ya existen normas para enfrentar los asuntos que se pretenden resolver y si las nuevas que se expidan van a cumplir este propósito.

En el caso de la reforma política, y más específicamente en materia de financiamiento político de los partidos y organizaciones políticas y de las campañas electorales, el país cuenta con un acervo normativo extenso. No obstante, este está disperso en un sinnúmero de reglamentaciones de diferente naturaleza, algunas de las cuales, como el Código Electoral, se remontan a 1985, es decir, antes de la promulgación de la Constitución de 1991. Otras son contradictorias e incompatibles entre sí, pero no han sido derogadas. Esto obedece a una creencia muy arraigada entre nosotros de pensar que la única manera de resolver muchos de los problemas que tiene el país —desde la corrupción hasta los delitos electorales, para mencionar solo algunos— es expidiendo nuevas leyes.

En este contexto es oportuno hacerle un respetuoso llamado de atención a los congresistas para que la reforma política que se apruebe responda efectivamente a los propósitos que le dieron origen: fortalecer y garantizar la autonomía de los organismos electorales, mejorar la calidad de la representación política, contribuir a la participación de sectores minoritarios y de oposición, robustecer y democratizar las organizaciones políticas y el sistema de partidos, promover un sistema de financiamiento más transparente y equitativo y blindarlo de injerencias indebidas de acciones ilegales y criminales.

Algunos políticos, académicos, columnistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil se han mostrado escépticos sobre el futuro de la reforma y sobre la voluntad política de los parlamentarios de cambiar la forma de hacer política en Colombia. Así mismo, han expresado temor de que se eliminen algunos de los logros alcanzados en el pasado. Por ejemplo, mediante la introducción de una gradualidad en las causales de la pérdida de investidura y de cuatro instancias para resolver los casos, o mecanismos de nominación de los miembros del Consejo Electoral Colombiano que van en contravía de la independencia política de las instituciones electorales.

Hoy pocos dudan que el sistema político y electoral requiere reformas de gran calado. No todos los problemas requieren más leyes, aunque hay algunos que necesariamente las exigen. Es importante revisar la legislación existente para evitar duplicidades y contradicciones e identificar concordancias. Y quizás aún más importante es afinar los mecanismos para garantizar que las leyes existentes, y las que se aprueben en el marco de esta reforma, se cumplan, que quienes no lo hagan sean sancionados y combatir la impunidad.

* Miembro de la Paz Querida.

 

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