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Desde 2006 viene creciendo lo que erróneamente se denomina la "parahotelería".
Los hoteleros son sus más férreos críticos y razón les sobra porque este fenómeno les está tomando distancia y lesiona sus intereses económicos. En la contraparte, al contrario, se le ve como una económica y popular alternativa de servicio y constituye fuente de ingresos para millares de familias propietarias de apartamentos, casas o fincas en algún rincón turístico del país.
La hotelería informal —según Cotelco— cuadruplica la totalidad de los hoteles que existen en Colombia y su práctica parasitaria les está abriendo monumental hueco a las finanzas públicas, superior a los $300.000 millones anuales. No asume pago de impuestos, contribuciones parafiscales, servicios públicos comerciales ni nóminas laborales.
Los hoteleros han insistido ante el Gobierno en todos los tonos para que le ponga coto al problema esgrimiendo el argumento de que representa una competencia ilegal que no contribuye al crecimiento económico y genera riesgo a los turistas. La respuesta fue el Decreto 2590, que define a los prestadores de servicios de vivienda turística, exige su registro y formaliza sus sanciones.
Pero la hotelería informal sigue ahí, eclosionando y creciendo, el Gobierno permanece quieto y los hoteleros resultaron desencantados con un decreto que, dicen ellos, carece de dientes para buscar y controlar los establecimientos ilegales y es ineficiente en su procedimiento sancionatorio. Al Ministerio se le responsabiliza por su inoperancia pese a la imposición de multas aleatorias y esporádicas que no reflejan ni solucionan la profundidad del suceso.
La preocupación se desborda ante la cruda oleada invernal que sacude al país, jugándole una mala pasada a la hotelería, restringiendo el turismo local y bajando la ocupación, penuria que se agrava con el aumento del hospedaje informal que, según estimativos, incrementa sus pérdidas en $250,000 millones/año.
Pedro Suárez, gerente de una “finca turística”, defiende su modalidad de servicio, que tiene en la privacidad y el precio de alquiler factores determinantes de preferencia sobre los hoteles, y resume la concepción de muchos propietarios sobre el legítimo ejercicio de una actividad alternativa, amparada en el derecho a la propiedad privada.
Si bien es cierto que la informalidad no es ilicitud, salvo que viole la normatividad, los hoteleros proponen que esta oferta se integre a la legalidad con derechos y obligaciones, y que el Gobierno pase del discurso a la acción, como lo prometió el ministro de Comercio hace pocos días en Santa Marta, utilizando una expresión que con otras palabras se viene repitiendo desde 2006.