La importancia del enfoque territorial

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Todas las políticas públicas tienen una dimensión territorial y deben focalizarse en la geografía concreta de los barrios, veredas y localidades, cuyas situaciones y problemas críticos son particulares a cada uno, aunque compartan características de sus territorios. Colombia tiene unas regiones integradas al mercado nacional, articuladas a una malla de grandes y medianas ciudades, rodeadas de una periferia poco integrada, que recibe menos inversión pública, está peor comunicada y tiene, por tanto, mayores barreras de acceso a los mercados, mayores costos de transporte y menor competitividad para ganarse la vida y generar servicios e ingresos para las familias.

El mercado, por su naturaleza, es concentrador y excluyente, pues las tasas de ganancia son mayores en las grandes aglomeraciones de población y, dentro de ellas, en los sectores de mayores ingresos, y menores en la población rural dispersa, menos rentable al proveerle bienes y servicios. La ideología del mercado, dominante en las últimas cuatro décadas, ha sido el neoliberalismo, que avasalló los espacios del Estado como regulador de la economía, desmanteló las economías nacionales a favor de la globalización, a su vez la ideología del capital financiero que controla las multinacionales, y el resultado ha sido que el 1 % de los más ricos concentre el ingreso del 50 % de la población mundial.

La pandemia del coronavirus, por su facilidad de contagio y su letalidad, ha frenado los mercados, tanto en la oferta productiva como en la demanda, ha congelado las transacciones económicas, ha replegado las nuevas inversiones y ha provocado una recesión mundial que frena el crecimiento, pone en jaque la globalización y la cooperación internacional, y amenaza con la hambruna a los que solo tienen su trabajo diario para sobrevivir.

La pandemia es una prueba ácida que pone al desnudo la incapacidad de un Estado desmantelado, con la salud privatizada, penetrado por las mafias, en manos de contratistas que obtienen rentas privadas como retribución por su financiación de las campañas políticas, donde las personas más ricas, según el último estudio de Luis Jorge Garay sobre desigualdad, pagan solo el 2,4 % de sus rentas en impuestos y los grandes dueños de la tierra no retribuyen a los municipios el costo de oportunidad del monopolio que impide a los campesinos el acceso a la tierra productiva.

Colombia creó un frágil sistema de asistencia social a raíz de la pequeña recesión de 1999, con el Sisbén, Familias en Acción, Colombia Mayor y programas para la infancia como el ICBF, con todos los problemas de registro y focalización imaginables, pero que sirven como infraestructura mínima para desplegar apoyos vitales a la población en situación de precariedad. Como esa nueva clase social del precariato, que ni siquiera tiene el beneficio de ser explotada como clase obrera por estar en el rebusque de la informalidad, va a crecer exponencialmente por la pandemia, es necesario pensar en un escalamiento muy grande de la asistencia social, no basada en grandes plataformas nacionales como las mencionadas, sino controlada desde los territorios y localidades, de abajo hacia arriba, para que los pobladores de cada vereda, corregimiento, municipio y territorio puedan asistir a quienes lo necesiten y nadie se quede por fuera de los soportes esenciales para la supervivencia. El enfoque territorial profundiza la descentralización política y recupera el papel del Estado local como garante de las necesidades vitales de la población.

 

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