La impronta de la ministra de Justicia

La saliente ministra de Justicia, Gloria María Borrero, afirmó en una entrevista para El Espectador que había encontrado una pobre política de drogas, donde todo estaba desarticulado y sin conexión con la protección de los derechos humanos que se había pregonado en el gobierno anterior.

Si hubiera revisado el tema con mayor detenimiento, habría visto que, por iniciativa de Colombia, México y Guatemala, Naciones Unidas celebró en el 2016 una sesión extraordinaria para revisar la política de drogas en el mundo; Colombia lideró, entre otras propuestas, la de precisar que la lucha contra las drogas debía afrontarse respetando los derechos humanos, las libertades fundamentales, la salud y el bienestar común. En el documento que recoge las conclusiones de esa reunión quedó consagrado que, en relación con el consumo de drogas, los Estados deberían promover actitudes no estigmatizantes, prevenir la marginación social, así como alentar y facilitar los tratamientos de rehabilitación y reinserción social.

Sobre este punto, ¿qué encontró la ministra al asumir su cargo? Una normatividad que, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no reprimía al consumidor de drogas, en el entendido de que la libertad del individuo incluye la de desarrollar conductas que puedan afectar su integridad física. ¿Qué nos deja después de su renuncia? Un decreto que faculta a la Policía para incautar las dosis personales de drogas, expedido con el argumento de que es difícil distinguir entre quienes portan pequeñas cantidades para su consumo y quienes lo hacen para distribuirla. Al equiparar el tratamiento de estos dos grupos de casos se está estigmatizando a los consumidores, se los está marginando socialmente, se los desmotiva para buscar tratamiento, se les cierran espacios de rehabilitación voluntaria y se les reducen sus opciones de reinserción social.

Otra de las propuestas lideradas por Colombia, y acogida por Naciones Unidas, fue la de instar a los países para que las medidas de erradicación de cultivos ilícitos fueran respetuosas de los derechos humanos, el medio ambiente y los usos ancestrales. Así mismo, se recomendó analizar los factores que contribuyen a su proliferación y enfrentarlos mediante programas de desarrollo alternativo que garanticen la presencia del Estado en esos territorios. En este aspecto, ¿qué encontró la ministra al asumir su cargo? Un programa en marcha de sustitución de cultivos ilícitos y la prohibición de asperjarlos con glifosato, dando aplicación al principio de precaución en virtud del cual la Corte Constitucional ha señalado que si hay razones para considerar que una conducta puede afectar derechos fundamentales de los ciudadanos (como su salud), el Estado debe prescindir de ella. ¿Qué nos deja al abandonar su cargo? Un relajamiento en los planes de sustitución de cultivos ilícitos y una petición del gobierno a la Corte Constitucional para que flexibilice su prohibición de usar glifosato, con pintorescos argumentos como el de que esa sustancia es tan nociva como la longaniza o 500 vasos de agua.

Con razón señaló en su entrevista que no se había ido del Ministerio sin dejar su impronta.