Por: Fernando Galindo G.

La impronta del presidente Santos: salud y paz

El gesto del presidente Santos, al acudir personalmente a la secretaría del Senado para radicar los proyectos de ley estatutaria y ordinaria que reforman radicalmente el sistema de salud, debe ser interpretado como el signo que marcará la culminación de su gobierno.

El año pasado hizo lo mismo con las hoy leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras. De esa manera enfatizó la trascendencia que para su gobierno implicaban dichos proyectos, como precursores del proceso de paz con las Farc.

La coincidencia de estos dos objetivos en la agenda legislativa que ha venido perfilando cuidadosamente el presidente prepara al país para la transformación del posconflicto. En la era de la paz, el país será más justo, más correcto, más equitativo e incluyente, anhelo que no se lograría si persistiera el negocio de la salud.

Fue enfático en su determinación cuando afirmó: “Lo que hoy tenemos nació mal (repitió), desde un principio nació mal y es parte del problema fundamental que tenemos en el sistema y eso lo vamos a corregir de un tajo”. Agregó: “Lo que queremos en el Gobierno y lo que quieren todos los colombianos es un sistema amable, un sistema eficiente y un sistema mucho más transparente”.

Finalmente hubo un gobierno que acogió el clamor ciudadano para desmontar el desacierto histórico de la Ley 100. No obstante, como ha sucedido con los diálogos de paz, los enemigos están al acecho para pretender el fracaso de tan trascendental reforma. No sólo los viudos del poder; también los que por veinte años se beneficiaron del descontrol del sistema.

Se requiere que tanto el presidente Santos como su ministro Gaviria custodien celosamente la estructura fundamental de la reforma, para que no se registren las intrusiones perniciosas que acontecieron con los innumerables proyectos discutidos en el Congreso sobre la Ley 100.

Los dos proyectos radicados por el Gobierno se complementan. El de la ley estatutaria, elaborado por la Junta Médica Nacional, con catorce artículos, tiene por objeto garantizar la salud como un derecho humano constitucional fundamental. Define que el papel del Estado es garantizar, propiciar, facilitar y tutelar el derecho a la salud para todos los colombianos, desde antes del nacimiento y hasta la muerte.

El de la ley ordinaria del Gobierno elimina las dos causales del fracaso del modelo: la intermediación financiera de las EPS y la integración vertical. A estas organizaciones les da la opción de que se transformen es gestoras de salud de los diversos territorios administrativos en que se dividirá al país, o de que se conviertan en prestadoras, si la red que poseen no se ha construido con los dineros públicos.

Crea el fondo único de recursos, que pagará directamente a los prestadores por los servicios adecuadamente auditados. El ministro Gaviria ha advertido que la complejidad tanto de los problemas generados por el antiguo modelo, como la implementación de este nuevo sistema, implicará un período de transición ordenada durante los dos próximos años.

 

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