Por: Ricardo Arias Trujillo

La impunidad

ADEMÁS DE FACTORES SOCIALES, económicos y políticos, los graves problemas del país también se explican por el clima de impunidad que, de tiempo atrás, ha afectado el ejercicio adecuado de la justicia. Si los actos que la ley considera prohibidos no son investigados ni sancionados como corresponde, se habla de impunidad.

En el caso colombiano, se suman diferentes factores que, históricamente, han impedido un buen desarrollo de la justicia. Por una parte, la falta de recursos impide que se cuente con el número de jueces necesarios y priva a las autoridades de la tecnología que requiere para llevar a cabo sus complejas tareas jurídicas. En ese contexto, delincuentes de todo tipo, así como movimientos guerrilleros y grupos paramilitares se han visto favorecidos ante la debilidad del Estado.

 Más aún: las guerrillas y los paramilitares, a través de su fortalecimiento por medio del delito, han contribuido a fomentar la idea de que “el crimen paga”. Por otra parte, la carencia de una sólida cultura cívica conduce a una indiferencia frente a quienes violan las normas: si los ciudadanos no valoran y aprecian las reglas de juego, no tienen por qué mostrarse particularmente preocupados cuando otro se vuela un semáforo, arroja basuras, invade el espacio público, etc.

Sin embargo, la situación es más delicada en la medida en que el propio Estado y las élites dirigentes han asumido, desde hace mucho tiempo, acciones contrarias al buen desarrollo de la justicia. Un primer ejemplo. En los años cuarenta y cincuenta, los líderes bipartidistas propiciaron un clima de violencia que dejó millares de muertos y desplazados. Al término de esa guerra civil, los responsables nunca fueron castigados; ni siquiera hubo un intento de juicio. Por el contrario, los dirigentes bipartidistas retomaron el poder, como si no hubiera pasado nada. Otro ejemplo.

El paramilitarismo, desde su creación misma, ha contado con el apoyo de élites y autoridades, que vieron en estos grupos un bastión para enfrentar a la guerrilla. En ocasiones, el apoyo ha hecho parte de la política estatal: Carlos Lleras y Ernesto Samper, en sus respectivos gobiernos, le dieron carta de ciudadanía.

En otros momentos, el Estado ha hecho todos los esfuerzos posibles por negar su existencia: cuando el paramilitarismo ya había empezado a arrasar con todo lo que se interpusiera a sus intereses, Virgilio Barco decía que todo se reducía a un “problema semántico”; hoy en día, cuando el mismo fenómeno ha carcomido las instituciones, amplios sectores del gobierno han preferido restarle importancia a las siniestras alianzas entre la clase política y los “escuadrones de la muerte”.

En otras palabras, la impunidad también es un problema de voluntad política. La “indiferencia”, por decir lo menos, que mostraron sucesivos gobiernos y amplios sectores de la sociedad frente al paramilitarismo y a sus innumerables fechorías, es prueba de ello.

En el mismo sentido, diferentes actitudes de la actual administración, apoyadas abiertamente por sus fieles seguidores, también han estado claramente encaminadas a entorpecer las tareas de la justicia: las declaraciones del Presidente a favor de los “buenos muchachos” que lo secundan en el DAS, en el cuerpo diplomático, en el Congreso; su actitud frente a la participación de varios altos militares en la contratoma del Palacio de Justicia; el rechazo a la existencia de crímenes de Estado; los quiebres constitucionales que se fomentan para extralimitarse en el poder. Si el ejemplo viene de arriba, si la clase política, que es la representante del conjunto de la sociedad, es la que con frecuencia se encarga de burlar la ley, difícilmente se podrá superar la impunidad.

* Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

 

 

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