Por: María Elvira Bonilla

La infamia contra el padre Ray Schambach

Bastaba que los tres magistrados de la sala de decisión penal del Tribunal Superior de Cali, Roberto Felipe Muñoz, Juan Manuel Tello y Víctor Manuel Chaparro, con la apelación de segunda instancia en sus manos, se hubieran preguntado por un minuto: ¿y quién es Ray Schambach?

Bastaba haberse tomado un tiempo para averiguar su historia. Una historia de bondad y desprendimiento, de entrega a los demás, a los más humildes, a los más pobres de los pobres, a los desamparados. Bastaba que se hubieran interesado por conocer el Hogar San Francisco de Asís en Arroyohondo en Dapa, cerca de Cali, donde intenta hacerles mejor la vida a varias decenas de ancianos o visitar cualquiera de las obras sociales de la Comunidad de la Divina Providencia que fundó con varios hermanos para poder ayudar a los demás, inspirados en la vida de San Francisco de Asís. Habría bastado indagar un poco sobre este gran ser humano para saber que la acusación contra él de presunto lavado de activos, que le había impartido la juez Beatriz Eugenia Medina y que tres magistrados del Tribunal de Cali ratificaron en un fallo de segunda instancia, era completamente descabellada. Una acusación que podría llevar a pagar al hermano Ray 60 meses, sí, casi seis años de cárcel al hermano Ray. De manera injusta.

Pero no, este ejercicio no lo hacen los jueces de Colombia. Ni estos tres magistrados —Muñoz, Tello y Chaparro—, ni muchos otros. Como si la justicia fuera un ejercicio construido exclusivamente sobre documentos y alegatos, muchas veces formales, sin contrastar con la vida de los seres humanos, sus realidades individuales, sus antecedentes personales, como abogamos se haga en el caso de Schambach.

El caso se remonta al año 2000. El hermano Ray asumió la atención del hospital mental de Sibaté, donde vivían de la caridad más de mil enfermos mentales. Un grupo de empresarios de Cali le ofreció apoyo económico para asumir los costos de Sibaté. Abrieron una cuenta fiduciaria a nombre del Hogar San Francisco de Asís, del cual Ray era su representante legal, en CorfiPacífico, de propiedad de Álvaro José Lloreda, quien tiene orden de captura internacional de Interpol por abusivos manejos de recursos en su banco. La donación se realizó y el hermano Ray dejó abierta la cuenta, en la que quedaba sólo un saldo de $123.000.

Se olvidó del tema hasta que le llegó un año después una citación de la Fiscalía. Sin su conocimiento ni, obviamente, su consentimiento, la cuenta había tenido un millonario movimiento atribuido por los investigadores a actividades de lavado de dinero. Schambach demostró que su firma había sido falsificada y que él era completamente ajeno a lo sucedido. Decenas de personas testificaron dando fe de la inocencia del padre Ray y sus calidades morales, de austeridad y rectitud. La Procuraduría lo absolvió y pidió el cierre del expediente. Pero nada ha valido. Ahora la última palabra, para evitar que el padre Ray Schambach termine injustamente pagando seis años de cárcel, la tiene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a donde llegará el recurso de casación. Ojalá esta vez la justicia se haga sentir.

 

 

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