Por: Salomón Kalmanovitz

La infraestructura al Congreso

Las fallas institucionales son producto de la economía política: las reglas de la contratación son perfectamente laxas para permitir la captura del presupuesto público por los contratistas que financian las campañas de los políticos.

LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTUra presentó su informe a la administración Santos en octubre de 2012. Conformada por figuras como Carlos Angulo, Juan Benavides, Hugo Palacios, Guillermo Perry y Armando Montenegro, la Comisión destaca que hay enormes fallas institucionales y legislativas que impiden que la contratación de obra pública sea pulcra, eficiente y permita la vinculación de capital por parte de contratistas de talla internacional. Excluye también a nacionales combinados con bancos y fondos de pensiones que expongan capital propio.

Por la misma razón, no hay interés alguno en que el financiamiento privado multiplique la inversión pública, porque eso cortaría el acceso a los intercambios políticos. Pagamos $1,5 billones en peajes por usar carreteras que dan grima. Hay varias que hemos pagado muchas veces y nadie reclama.

La desidia, la corrupción y la incompetencia invaden las áreas de decisión de la contratación del Estado, en general, y de obra pública, en particular. Así, el Instituto de Concesiones (Inco) de la época Uribe tuvo nueve directores en seis años, varios asociados con el crimen organizado y otros simplemente corruptos. En 2007 se cambió la ley que imponía límites a las adiciones en los contratos, permitiendo la inflación de los ingresos de los contratistas. Coviandes, del grupo Sarmiento Angulo, que construye la Autopista al Llano desde 1994, pudo modificar su contrato 53 veces y multiplicar por seis el monto inicial acordado, a $1,9 billones. En 2011, esa vía registró 512 accidentes, evidencia de que sus condiciones de seguridad no son las mejores. El actual gobierno anunció recientemente que la ampliación de la autopista va a ser asignada al mismo contratista.

Frente a este problema, la Comisión sugiere la precalificación de contratistas con capacidades técnicas y financieras holgadas que puedan responder por sus obras. Ello sacaría del mercado a contratistas como los primos Nule, quienes acumularon 200 contratos en Bogotá y a nivel nacional por $2 billones, sin un peso de capital propio. Otra recomendación es dotar a la Agencia Nacional de Infraestructura y a una comisión de infraestructura de personal altamente capacitado en ingeniería, economía, derecho público y ambiental y finanzas que tome buenas decisiones en la adjudicación y estructuración de los contratos, y que éstos se ejecuten sólo después de contar con estudios de factibilidad; además, que se hayan adquirido los predios de manera expedita, lo que también requiere de ajustes de ley. Se sugiere también que las obras cuenten con seguros y reaseguros frente a riesgos ambientales y geológicos; ello indica el grado de imprevisión con que se construyen las carreteras en el país.

El país está muy atrasado en carreteras. Ocupamos el puesto 122 de 144 naciones, muy por debajo de Ecuador y Perú, que son bastante montañosos también y más pobres que nosotros. Se requiere gastar $16 billones anuales, casi 2% del PIB, en los próximos ocho años para medio ponernos al día. Si se permiten las alianzas público privadas, el capital así conseguido podría aportar el 45% de lo requerido. La ley de infraestructura ha sido presentada al Congreso. ¿Primará la politiquería frente al desarrollo económico?

 

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