Por: María Teresa Ronderos

La inseguridad que no ve Santos

NO SUPE SI LO QUE SENTÍ FUE UN DÉJÀ vu de liviandad pastranista o uno de cinismo samperista, cuando escuché el diagnóstico que el presidente Santos le dio a Caracol Radio y Tv esta semana sobre la creciente percepción de inseguridad. Dijo que ésta se debía a dos razones: a que la guerrilla acosada le había dado por volverse escandalosa, y a que una prensa sin noticias magnificaba delitos sin importancia.

No obstante, la situación está haciéndole más mella a su prosperidad democrática de la que reconoce el optimista parte presidencial. Así, grupos clave para el sustento de la democracia están siendo atacados de manera grave y sistemática en el último año.  Ha arreciado la intimidación a defensores de derechos humanos, y de los 174 casos que hubo en todo 2010, en apenas cinco meses de 2011, ya ha habido 140. Cinco periodistas han tenido que exiliarse en lo que va del año y dos no han podido regresar, y la FLIP ya ha contado 57 periodistas amenazados este medio año, mientras en todo el año pasado hubo 48. Las masacres están volviendo a ser cotidianas, casi una por semana en los primeros cuatro meses del año. La campaña electoral aún no arranca oficialmente y ya han sido asesinados 14 candidatos. Y ni qué decir del alza de  48% en los asesinatos de indígenas entre enero y abril, en comparación con igual período en 2010.

 Además, nubarrones indican que puede dañarse el clima para la inversión: extorsión soterrada que no se denuncia, más torres de energía eléctrica voladas en los cinco primeros meses del año que en todo 2010, y los secuestros extorsivos  que van en aumento, nueve más este año, según dijo el propio Santos, de la alarmante cifra de 99 que hubo en los primeros cinco meses del año pasado.

Por último, el esfuerzo institucional y político del proceso de Justicia y Paz está bajo fuego. Han asesinado a dos funcionarios judiciales que escarbaban la verdad de la barbarie y crecen las amenazas contra otros. Desde agosto pasado han sido asesinados 22 líderes campesinos que estaban buscando recuperar sus tierras, según registros de prensa. Los desmovilizados siguen cayendo como moscas y muchos han retomado las armas.  Y se torna espinosa la loable empresa de devolver las tierras usurpadas, clave de la reconciliación de largo plazo,  pues los expropiadores y sus brazos armados matan a sus anchas, impunes.

Se equivoca el Gobierno cuando, para protegerse de los dardos políticos del expresidente y sus viudas del poder, se empecina en un optimismo irreal, aferrado al dato de la baja de homicidios totales como salvavidas. Si pusiera menos atención a lo que trinan sus antecesores podría desmitificar la dichosa seguridad democrática, que funcionó muy bien en los primeros años, pero que desde mucho antes de que terminara el gobierno Uribe ya andaba rengueando. Los secuestros ya venían en subida por largo rato, las bacrim en expansión y las mafias extorsivas en franco reacomodo.

La situación está clamando por una nueva estrategia de seguridad y una enérgica política de juventudes de gran envergadura. Los parches que le han puesto a la vieja política, unos más efectivos que otros, no consiguen poner al país a rodar de nuevo hacia la tranquilidad pública. Y esa falta de liderazgo y de visión propia le han dado juego a una ruidosa minoría militar resistente a la adopción de prácticas indispensables para la consolidación de la democracia moderna. El presidente necesita corregir el rumbo para atajar a tiempo problemas que se pueden poner muy graves.

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