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La justicia —para que sea cierta y se le mire con respeto— debe ser valiente, autónoma y equilibrada; quienes la ejercen tienen que resistir los embates de ese huracán llamado corrupción y estar listos para conocer, analizar y concluir con una independencia a prueba del óxido que generan el poder y las trampas.
Todo eso, y más, lo cumplió la doctora Patricia Linares en la presidencia de la JEP, una instancia pionera en el mundo, respaldada desde su inicio por las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la Corte Penal Internacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La doctora Linares fue el motor fundamental para la puesta en marcha del sistema de justicia transicional en Colombia; ella y sus magistrados han sido cátedra de fortaleza y su trabajo nos ha permitido conocer la verdad y aproximarnos a las respuestas necesarias para construir la reconciliación entre los colombianos.
Pero la verdad asusta a quienes esconden la mano después de ordenar o apretar el gatillo, aterra a los fanáticos del rencor y a los apasionados por la violencia. Tenemos un Gobierno y una parte de la sociedad adictos a caminar en contravía de la lógica de la paz; de ahí los infundados y tiránicos ataques contra la magistrada Patricia y la JEP.
Patricia Linares ha demostrado que nada es imposible cuando se tiene valentía y convicción, y con medio país en contra echó a andar la columna vertebral del Acuerdo de Paz: un sistema nuevo, distinto a todo, modelo para el mundo en administración de justicia transicional y restaurativa. Durante estos tres años ella, los 38 magistrados, sus equipos y el grupo de análisis de la información le han endosado su vida, tranquilidad y sabiduría a la búsqueda de la verdad, a la dignificación y reparación de las víctimas, todo, por la construcción de la paz.
Más de 12.000 exguerrilleros de las Farc se han sometido a la JEP y se han acreditado 308.000 víctimas. Se están investigando cerca de 8.000 casos de reclutamiento infantil y de vinculación de niños y niñas a los oficios de este conflicto armado y degradado que nos fracturó la esperanza por más de 50 años. 108 audiencias y 736 comparecientes han repasado y descrito hechos desgarradores que nunca debieron suceder y que, si pretendemos ser un país con ética y empatía, deberían avergonzarnos y comprometernos total y colectivamente a la no repetición.
En la JEP la verdad, el dolor y la memoria han tenido la palabra. Han hablado las víctimas —epicentro del Acuerdo de Paz— y han declarado exguerrilleros y excomandantes de las Farc, agentes del Estado y de la Fuerza Pública. En la JEP ha hablado la verdad. Nos corresponde no tener los oídos anclados a la negación, al odio o a la conveniencia de turno.
No pueden decir que la JEP avanza lentamente, cuando la tuvieron nueve meses maniatada por embelecos perversos de este Gobierno, y a pesar de tantos sabotajes y difamaciones, ha adoptado 33.400 decisiones judiciales.
Patricia Linares deja un legado que tenemos la obligación moral de honrar y agradecer. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la bancada de la paz condecoró en el Congreso a la expresidenta de la JEP. Probablemente quienes reprocharon este reconocimiento sufren de neuronas borrosas, conciencia atávica o de un macabro escepticismo. Por favor comprendan: después de ocho millones de víctimas y medio siglo de guerra, aprendimos a cargar los balígrafos de la paz con tinta indeleble.