La JEP y el Palacio de Justicia

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La JEP acaba de admitir al general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el delito de desaparición forzada durante los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia. Si bien el Acuerdo suscrito con las Farc limitaba la competencia de la JEP a las conductas cometidas por los integrantes de esa organización guerrillera en relación con el conflicto armado, fue mucho más amplio con los agentes del Estado en la medida en que permite que la jurisdicción especial se ocupe de cualquier actuación que ellos hayan desplegado en el contexto de dicho conflicto, sin limitarlo a las acciones para combatir a las Farc.

Esta previsión restableció el equilibrio roto por el acuerdo de paz con el M-19, al permitir que los integrantes de dicho grupo insurgente fueran cobijados por una justicia transicional (con los parámetros de la época), dejando sometidos a la jurisdicción ordinaria a los integrantes de la Fuerza Pública que los enfrentaron. Por eso, mientras 35 años después de la toma del Palacio los exintegrantes del M-19 se han incorporado a la vida civil y varios de ellos han destacado en el ámbito político, algunos uniformados siguen enfrentando juicios penales por la forma como recuperaron el edificio de la Corte. Por eso la inclusión de las Fuerzas Armadas en el actual proceso de transición no fue, como algunos creen, una decisión para perjudicarlas, sino para evitar que se repitiera el desigual tratamiento que se les brindó en el acuerdo de paz con el M-19.

 

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