La justicia de papel

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La justicia colombiana está paralizada por cuenta de la ineficiencia de quien tiene la responsabilidad de hacerla funcionar: el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).

Sí, me refiero a ese organismo paquidérmico, falto de ambición y gerencia, y, en fin, bueno para nada.

Sí, me refiero a esa corporación que durante mucho tiempo ha sido el epicentro de grandes escándalos de corrupción, como el “carrusel de las pensiones”, que el país recuerda con perplejidad.

Sí, me refiero al lugar desde donde se atrincheraron estratégicamente y en “puerta giratoria” los más corruptos exmagistrados de altas cortes y sus amigotes, con el fin de “confeccionar” las listas para suplir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y poder manejar la justicia a sus anchas, en lo que el país conoció como el “cartel de la toga”, toda una organización criminal empotrada en la cúpula de la justicia para vender fallos judiciales.

Y sí, me refiero a ese organismo que ha estado en la mira de todas las reformas a la justicia y que hoy, por desgracia, sigue sin desaparecer de nuestra institucionalidad.

Pero también me refiero al hecho de que, además de una vida institucional vinculada a la corrupción, el CSJ ha mostrado una total ineficiencia en ejecutar su tarea y brindarnos la administración de justicia que no solo nos merecemos, sino aquella que, desde hace muchos años, le fue ordenada poner en funcionamiento por el legislador, pero le quedó grande.

Llevamos tres meses de parálisis judicial desde que el CSJ suspendió la prestación del servicio en todo el país, salvo unas pocas excepciones como tutelas y habeas corpus, entre otras.

He sido partidario, en esta primera fase de la pandemia, de los aislamientos obligatorios y de solo permitir el funcionamiento de lo que resulta esencial. Y por eso, no estoy criticando al CSJ por la ausencia de una justicia presencial; ni más faltaba. El hecho es otro. Los colombianos deben entender que aun en época de pandemia nuestra justicia debería estar funcionando a todo vapor. Si el CSJ hubiera hecho su trabajo y solo su trabajo, no llevaríamos ni un día sin justicia a pesar de la crisis y el aislamiento.

Me refiero a que desde el año 2012, óigase bien, desde hace ocho años, con la expedición del Código General del Proceso, el legislador le dio la instrucción al CSJ de poner en marcha el expediente digital y la litigación en línea. Si durante todos estos años el CSJ hubiera implementado este plan de justicia digital, la justicia colombiana no hubiera sentido el impacto del COVID-19, reitero, ni un solo día.

Abogados, jueces y ciudadanos están desesperados. Por su parte, el CSJ, a última hora y como cualquier estudiante vago, trata de dar alguna solución a la parálisis de la justicia, claro, con pañitos de agua tibia y extrañando, ahora sí, el expediente digital y la litigación en línea que durante casi una década desatendió.

La justicia digital en Colombia solo existe en los titulares de prensa. Son solo anuncios y anuncios por los que nadie rinde cuentas ni responde. ¡Qué horror! La justicia digital se nos quedó en el papel.

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