La justicia en Colombia sufre

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Por: Juan Felipe Acosta S.*

Completamos varios días en paro judicial, que se repite una y otra vez cada año. Los funcionarios protestan por un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que convierte a algunos de ellos en jueces de pequeñas causas.

A principios de este mes se hundió la reforma a la justicia que pretendía varios cambios al sistema: a) abreviar el procedimiento de imputación en penal; b) luchar contra las estrategias dilatorias de la justicia; c) agilizar la resolución de los recursos de apelación; d) reformar el régimen disciplinario del abogado mediante la incorporación de nuevas faltas, prohibiciones y sanciones; e) promover la conciliación extrajudicial en derecho en materia contencioso-administrativa; f) convertir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en una especie de firma de abogados pública para la defensa de las entidades estatales; g) eliminar la sustitución y reforma de la demanda en arbitraje, las excepciones previas, los incidentes, entre otros; d) impedir la suspensión por prejudicialidad en el foro arbitral, y e) acabar con los recursos contra autos.

La reforma, bien intencionada, tampoco solucionaba los problemas generales de la justicia integralmente y algunas de las propuestas eran, cuando menos, cuestionables. La justicia sigue presa de discusiones generales que apenas se dedican a las altas cortes o a grandes figuras como el fiscal general de la Nación. Sin quitarles mérito a esas discusiones, los abogados y académicos sufrimos día a día el dolor de una justicia lenta, impredecible, con problemas serios de calidad y transparencia.

No se trata solo de cambios sistemáticos o generales, de grandes reformas. A nuestro juicio, los problemas se derivan en gran medida de la falta de autonomía de los jueces en su manejo administrativo, del esquema de carrera judicial que los somete inexorablemente a la existencia de un jefe, a la inexplicable existencia de un conjunto de reglas, normas y modales alternos a la ley que determinan resultados de procesos enteros y al que se le sigue llamando Derecho de baranda, y a la ignorancia tecnológica colectiva.

Por eso vale la pena resaltar la labor del despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena, dirigido por la Dra. María Victoria Quiñones Triana. Sin más recursos que su pasión por hacer la justicia mejor, mediante el uso de tecnologías, la mayoría gratuitas, transformó el despacho y la gente de su alrededor. Educó a los abogados en el uso de tecnología, se ocupó y se ocupa de actualizarlos con las últimas decisiones jurisprudenciales mediante una página web admirable. Hizo una realidad el expediente digital, volvió transparente su calendario, las audiencias se trasmiten por Facebook Live, los memoriales se radican fácilmente en línea. Todos saben de su pasión por transformar, por eso no fue sorpresa que el despacho ganara el premio Excelencia en la Justicia 2018.

El Estado clama por más jueces autónomos que propendan por la transformación de sus despachos y trabajen por el cambio de la cultura jurídica. Somos servidores: abogados y jueces, funcionarios judiciales y dependientes judiciales, y por ello todos nos debemos a los seres humanos detrás de los expedientes, vale la pena recordarlo.

Por ahora no tenemos más debate sobre la reforma a la justicia; sin embargo, bien valdría la pena que una verdadera reforma se centre en los problemas del día a día, de los ciudadanos, de los abogados, los funcionarios judiciales y los jueces. Los grandes debates, que nutren titulares, deben dar lugar a las discusiones sobre los problemas que afrontamos todos aquellos que navegamos en el mar judicial.

Tal vez, adicionalmente, valga la pena revisar con perentoriedad cómo escalamos y reproducimos el uso eficiente de la tecnología que ha hecho el Premio Excelencia a la Justicia 2018, y cómo nos contagiamos de su pasión por innovar, por transformar, y por cambiar algunas prácticas que parecen tan arraigadas como inamovibles.

Tal vez la discusión sobre una verdadera reforma a la justicia pasa a segundo plano porque se desconoce el efecto de las dilaciones, la lentitud, y la impunidad. Una justicia lenta y costosa invita a los que incumplen las normas a repetir su conducta, invita al ciudadano insatisfecho a defraudar y dañar su propio comportamiento, a los funcionarios de los juzgados los convierte en objeto de reclamos airados y constantes y los somete a estrés continuo. Una buena justicia, tarde o temprano, redunda en una mejor sociedad, en gente feliz y con mejor calidad de vida.

* Abogado, magíster y profesor. Director de Litigios de OM.

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