Por: Ramiro Bejarano Guzmán

La justicia juzgada

LA GRAN REFORMA A LA JUSTICIA tiene que empezar por suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar crear un organismo independiente y respetable.

Unos tenientes desgastados del uribismo que odian a Vargas Lleras por cuenta de Uribe, le están apuntando a que la ambiciosa reforma a la justicia quede reducida a que sólo se incremente el período constitucional a los magistrados de ocho a doce años, y a extender la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. Ya salieron a atacar la reforma, sin argumento alguno, esos parlamentarios que andan mamando de la jugosa nómina de la Judicatura, y el vicepresidente Angelino, que entre las muchas cosas que ignora, está también lo relacionado con la organización judicial.

La respuesta que el presidente del Consejo dio a El Tiempo, acerca de las razones por las cuales cree que algunos quieren acabar con ese elefante blanco, describe la mediocridad de la institución. Según el funcionario, quienes abogan por la desaparición, lo hacen porque están molestos por haber sido sancionados o porque no están contentos con lo que reciben. Solamente a quien concibe el servicio público bajo la óptica de las prebendas, puede ocurrírsele que quienes piden eliminar el Consejo es porque tienen rabo de paja.

En ese Consejo se nombran o ascienden personas que al muy poco tiempo se jubilan con jugosas remuneraciones, al extremo que ya se habla del "Pensionadero de la Judicatura". ¿Por qué tanto cuantioso contrato? Ojalá la nueva Contralora revisara a fondo la contratación, ya que su amigo y sostenedor de su candidatura, el "Absolvedor" Ordóñez, en eso también se ha hecho el de la vista gorda.

La integración de las listas de candidatos a magistrados que realiza la Judicatura, tampoco es ajena a la politiquería. Ya no es un misterio que en muchas ocasiones los aspirantes han de proveerse de la consabida recomendación de un congresista, ¿es eso independencia judicial?

Se quiere una justicia con jueces libres, no con agentes de los gobiernos, como Mauricio González, el tristemente célebre "doctor Salsa", magistrado de la Corte Constitucional, que en carta a este periódico referida a una de mis columnas, apenas pudo indicar que se puso a salvo de leer un comunicado fuerte contra Uribe por estar de comisión, pero no fue capaz de desmentir su inocultable militancia con el régimen anterior.

La Sala Administrativa reclama como éxitos la construcción de sedes, pero disimula los desaciertos de su gestión, que contrario a lo que afirma el Presidente del Consejo de la Judicatura, sí ha sido objeto de reparos no aclarados suficientemente. Para no ir muy lejos, a pesar de un fallo de tutela y de una acción popular encaminada a cambiar de sede los juzgados civiles de Bogotá, allí sigue funcionando el destartalado edificio de siempre, con riesgo para jueces, abogados y público, mientras se le da vueltas a una solución inaplazable.

A su turno, la Sala Disciplinaria con razón es cuestionada, por sus fallos de tutela contra providencias judiciales con sabor a manzanilla, que por lo general han favorecido a reos de la parapolítica o a los ministros y aliados de Uribe.

Abolir el Consejo de la Judicatura es, pues, una urgencia nacional, no una improvisación.

Adenda. Personal y profesionalmente soy testigo de la competencia y rectitud de Ángela María Buitrago, la "Fiscal de Hierro", intempestivamente retirada de su cargo, curiosamente después de llamar a indagatoria a varios generales del Ejército involucrados en la retoma del Palacio de Justicia, también unos días antes de que acusara formalmente por injuria y calumnia a Francisco Santos y José Obdulio Gaviria, y, como si fuera poco, en la mitad del juicio contra Valencia Cossio y el ex director del DAS, Jorge Noguera. La aceptación de la renuncia provocada a la enhiesta funcionaria dizque por supuesto atraso en varios procesos, no convence. Si esa fuera la razón, entonces ¿qué pasa con los procesos por las "chuzadas" y seguimientos que el propio Fiscal General tiene parqueados en su Despacho?

 

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