Por: Lisandro Duque Naranjo

La justicia militar da pena

Otra vez circula la iniciativa de la justicia penal militar contra los uniformados que incurran en delitos.

Cuando esa figura se ejerció, hace años, contra los guerrilleros, ya era un exabrupto, pues significaba una retaliación cuyos fallos eran producto del rencor hacia la contraparte. Y un juez no puede ser enemigo del reo, sin dejar de representar a Temis, con su venda en los ojos y la balanza de la ecuanimidad en la mano, y convirtiéndose en Némesis, la diosa de la venganza.

En cuanto a juzgar a los propios, pues tampoco, porque ahí el sesgo también existe, pero a favor de quien porta el mismo uniforme. Espíritu de cuerpo, que llaman. Ahí el “juez” se hace el de la vista gorda, y qué cuento de balanzas. Y si hay “condena”, es en centros vacacionales como los de Tolemaida, donde los convictos por crímenes de lesa humanidad se dedican a broncearse en las piscinas, a jugar billar y a hacer sus vueltas por la calle como cualquier Juan Carlos Martínez. Los defensores de esta forma de justicia alegan que es que a los militares los “desmoraliza” comparecer ante tribunales civiles. Pero es que de eso se trata, y no casi que de sentir euforia apenas se escuche la sentencia por la comisión de un crimen. Además, los “héroes” debieran ser los más obligados a un comportamiento intachable, sobre todo aquellos que portan armas. Y eso apenas medio se logra si se los controla desde afuera de su jurisdicción.

En un contexto de guerra endémica, como el que nos afecta hace más de medio siglo, el que se juzguen entre sí los miembros de la institución armada aumenta la eventualidad de que abusen de sus fierros, por arrogancia o por el miedo que causa la inminencia de los combates, o por la terronera que inspira la oscuridad de la selva, o por la sospecha que producen esos civiles inermes de los caseríos desolados, cuya mirada oblicua, fruto de la desazón, fácilmente puede parecerse a complicidad con el enemigo.

También desestabilizan el ánimo de los subalternos esos comandantes de camuflado pulquérrimo que clavan alfileres tácticos encima de mapas disponibles en campamentos a leguas de la balacera. Y esos ministros de Defensa disfrazados de safari que bajan, acompañados de asistentes glamurosas, de unos helicópteros cuyas aspas ni siquiera los despeinan. Y la pobre soldadesca cargando morrales, metiendo cadáveres en bolsas negras de plástico, tirando filo y pisando minas quiebrapatas.

Decía Paul Valery que “la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran”. Hace nueve años en esta columna, cuando ignoraba la existencia de los hijos del entonces candidato Uribe Vélez, me preguntaba si éste, en el caso de tenerlos, estaría dispuesto a mandarlos al frente. Y cuando todos supimos que en efecto era padre, ya sus muchachos estaban al frente, pero de los grandes negocios. Otro tanto podría decirse del hijo de Juan Manuel Santos, quien no lo haría mal de recluta, pues hasta sus viajes se ha pegado en helicóptero. Pero qué va, eso era de paseo apenas.

Dándoles el beneficio de la duda a los altos oficiales, y a la cúpula civil desde luego, he llegado a pensar que su insistencia en una justicia militar de lavar y planchar no es más que producto de su remordimiento frente a esa juventud anónima que le sirve de carne de cañón en esta guerra que no por inútil deja de serles lucrativa.
Desde arriba se sabe de las patologías que se originan en esas zonas inhóspitas donde los tiros les rozan los oídos a los combatientes. Que en esos trances las conductas se alteran hasta el punto de quererle disparar después a todo el que se mueva, sin importar que se trate de inocentes.

De modo que, ¿por qué no consolarlos con unas penas suaves ante sus equivocaciones? Distintas, claro está, a las muy confortables que se merecen los de jerarquía más pesada

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