Por: Jorge Iván Cuervo R.

La justicia transicional no pegó

La justicia transicional empieza a aplicarse formalmente en Colombia a partir de la vigencia de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, una ley promovida por el gobierno de Álvaro Uribe con el fin de dar un marco jurídico a la desmovilización de los grupos paramilitares y a otros miembros de organizaciones ilegales.

Esto ha implicado que cerca de 4.700 miembros de grupos paramilitares y 500 de otros grupos subversivos fueran postulados por el gobierno a los beneficios de una ley que implicaba una pena máxima de ocho años atados a algo de verdad y algo de reparación. Según cifras del ICTJ, se calcula que solamente cerca de 2.800 de los postulados están activos en procesos penales —cerca de mil privados de la libertad— y en siete años solamente se han proferido cuatro condenas. Es decir, es un proceso signado por la impunidad.

Los combatientes rasos, cifra incierta que va desde 19.000 a 35.000, se reintegraron a la vida civil en aplicación de la Ley 782 de 2002, sin pagar un solo día de cárcel, sin contar la verdad y sin reparar a las víctimas, en lo que puede considerarse una auténtica amnistía velada. Así que no es cierto lo que señalan desde el uribismo sobre que en ese proceso no hubo impunidad: la hubo y mucha.

La sentencia C-370 de 2006 de la Corte Constitucional fue la que permitió que en Colombia se hablara de justicia transicional en estricto sentido, toda vez que el proyecto de ley de alternatividad penal presentado por el gobierno y aprobado por el Congreso era más un marco jurídico para la desmovilización que un marco de justicia transicional donde el centro de gravedad fueran los derechos de las víctimas.

Lo que hoy tenemos por justicia transicional se resume en esa verdad judicial que salió de Justicia y Paz, que terminó desbordando la capacidad de la Fiscalía por su enfoque de investigación caso a caso, los trabajos del Grupo de Memoria Historia, que logró poner en contexto la violencia paramilitar y hacer visibles a las víctimas, y la indemnización que por vía administrativa viene aplicando la Unidad de Víctimas (113.755 personas a octubre de 2012), desprovista de toda significación en términos de reconstrucción de tejido social, perdón y reconciliación.

Tienen razón quienes señalan que en el contexto de Justicia y Paz existe la posibilidad de una condena de hasta ocho años, y como vienen las cosas en la negociación con las Farc, todo indica que los comandantes de esa organización subversiva no pagarán ni un solo día de cárcel, introduciendo un tratamiento asimétrico que no ha sido bien sustentado.

Las negociaciones se realizan al margen de lo que inspira la justicia transicional: un sistema de justicia que permita la transición de la guerra a la paz sin sacrificar los derechos de las víctimas como fundamento de una reconciliación y una paz duradera, entre otras razones porque no hay una sociedad capaz de exigir que el mínimo que se había logrado era la base de la negociación ni un gobierno que se hubiera plantado en defender ese principio.

Así que justicia transicional, lo que se dice justicia transicional, por aquí no pegó.

 

 

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