La Ley de Crecimiento Económico

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El nombre de la nueva reforma tributaria del Gobierno es un eufemismo. Con ella habrá mucho crecimiento, gracias a una creencia sin fundamento que informa que mientras menos impuestos tengan las empresas invertirán más y producirán más. Lo cierto es que es una política que beneficia a las empresas y castiga a la clase media y a los profesionales “independientes”, mientras les arroja migajas a los más pobres, y es la respuesta a las movilizaciones masivas que se dieron a partir del 21 de noviembre.

El misterio del crecimiento de la economía de 3 % en 2019 se ha despejado con el dato de las remesas de colombianos en el exterior, sobre todo desde Estados Unidos, que alcanzó el pleno empleo. El aumento fue de 8,6 % en dólares y 10 % en pesos. Las remesas llegarán casi a US$6.900 millones, 2,3 % del PIB, y explican el repunte del consumo y del sector comercio. Nada que ver con las hazañas de Carrasquilla, sino con que hemos estado exportando el desempleo nacional desde hace décadas.

Uno de los sectores más beneficiados por la reforma es el farmacéutico, que recibirá unos $380.000 millones en beneficios, al cambiar de un IVA que incluye los impuestos a su consumo intermedio a otro totalmente exento. Lo disfrazan con la excusa de que se reducirán los precios de los medicamentos, algo que no garantiza el propio Gobierno. Es conocido que una destacada empresa del sector aportó una buena suma a la campaña presidencial de Duque, el cual devolvió con creces (más de mil veces) el favor recibido.

Las empresas ven reducidos sus impuestos a la renta progresivamente del 33 % actual al 30 % en tres años, generando un hueco fiscal considerable, lo cual es baboso e irresponsable. El impuesto a los dividendos se reduce del 15 % al 10 % para, según Carrasquilla, revitalizar el mercado accionario, pero agrava el faltante. Es inequitativo que los accionistas de las empresas paguen menos impuestos que la gente que alcanza a devengar $4,7 millones al mes, que es cuando le pasan la cuchilla de la retención en la fuente. Los patrimonios hasta de $5.000 millones no pagan ningún impuesto a su riqueza.

Hay varios apartes en la reforma que perforan el estatuto tributario y fomentan la elusión y evasión de impuestos. Uno es el de los tres días sin IVA, que permite ajustar las ventas en las fechas de la ocasión, aunque no sea cierto. Se dificulta así el control de la DIAN sobre este impuesto indirecto; se establecen además ciertos montos para distintos artículos que facilitan su subvaluación. Otro es la prolongación de la normalización tributaria, que daba un plazo perentorio para declarar capitales que se tuvieran fuera del país sin declarar, pues lo extienden con la laxitud habitual con que el Gobierno trata a las personas más ricas de la sociedad. Hay que preguntarle al ministro de Hacienda que muestre si normalizó lo acumulado con su negocio de los bonos del agua que todavía tienen acogotados financieramente a mas de 100 municipios del país.

La reforma no solo aumenta la inequidad del sistema, sino que recorta el recaudo, lo que hará necesaria otra reforma tributaria en 2021 o un ajuste monumental del gasto público que congele la inversión pública, deteriore el presupuesto de educación y de salud, y reduzca las transferencias a departamentos y municipios. Lo más grave es que el mismo Gobierno es el que invita a los que más pueden y deben tributar a que evadan sus obligaciones, empobreciendo al Estado y a la sociedad.

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