Por: Iván Cepeda Castro

La ley de las multinacionales

Hace algunas semanas, al ratificarse que los directivos de la empresa Chiquita Brands International deberían pagar una modesta multa por apertrechar con armas y financiar a los grupos paramilitares responsables de miles de crímenes en Urabá y en el departamento del Magdalena, se produjeron vehementes declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional.

El presidente de la República, Álvaro Uribe, apoyó pedir a Estados Unidos la extradición de los directivos de la trasnacional bananera. El mandatario afirmó en un acto público que es normal reclamar en extradición a quienes han apoyado con recursos financieros las actividades de los grupos armados ilegales que delinquen en Colombia. "La extradición -dijo- tiene que ser de aquí para allá y de allá para acá". El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, manifestó que el gobierno colombiano "tiene la voluntad política" para pedir en extradición a los funcionarios de la empresa bananera.

El vicepresidente de la República, Francisco Santos, anunció que el Gobierno aspiraba a que "esos 25 millones de dólares sean la cuota inicial para la reparación de las víctimas". El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sostuvo que la multa impuesta era una "magnífica señal" y que "el pago a grupos ilegales es un delito". Por su parte, la Cancillería confirmó que se buscaría la extradición de los directivos de Chiquita Brands.

El 18 de septiembre de 2007, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado envío un derecho de petición al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, solicitando toda la información disponible sobre las transacciones comerciales de la multinacional en Colombia. Además, pidiendo que el Ministerio expidiera una orden mediante la cual se prohíba, en el presente y hacia el futuro, toda clase de operaciones comerciales en el territorio nacional a Chiquita, sus filiales y representaciones.

El pasado 8 de octubre el Ministerio respondió. Sobre la información solicitada señaló que la multinacional continúa haciendo negocios en el país, y que incluso había sido invitada para participar este año en la Feria Expometálica. Sobre la sanción comercial, la petición fue denegada argumentando que no es posible dar curso a la solicitud mientras no lo ordene un fallo proferido "dentro de un proceso desarrollado conforme a los principios del debido proceso y el derecho a la defensa, como resultado del cual se impongan tales sanciones".

Podrían invocarse argumentos jurídicos para rebatir esa decisión. Ya existe en efecto una actuación judicial en Estados Unidos en la que los directivos de Chiquita Brands hicieron uso de su derecho a la defensa y a un debido proceso. Como resultado de esa actuación fue probado que sus directivos entraron en una especie de concierto internacional para delinquir con grupos perpetradores de crímenes contra la humanidad en Colombia, y se le impuso a la compañía bananera una sanción monetaria. Dado que los crímenes cometidos por los grupos que apertrechó y financió la multinacional son considerados crímenes internacionales, sus autores y cómplices deben ser objeto de procedimientos de persecución internacional.

No obstante, el problema en este caso no es de índole jurídica. La implantación violenta de las multinacionales en Colombia, y sus sistemas de acumulación sanguinaria de capitales, son impensables sin la plena disposición del poder estatal nacional a consentir, cuando no a auspiciar directamente, toda clase de abusos y actos masivos de criminalidad. Esa es la verdadera ley que regula la voluntad política de los altos funcionarios estatales en Colombia.

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