Ángela María Robledo: ¿por qué el Consejo de Estado le quitó la curul en la Cámara?

hace 1 hora
Por: Tatiana Acevedo Guerrero

La ley del embudo

En sus "Bases para una reforma social agraria”, Carlos Lleras Restrepo advirtió en los 60 sobre la urgencia de una redistribución agraria debido al alto grado de concentración de la propiedad de la tierra. Anotó además que usualmente el número de propietarios era menor que el de propiedades, pues una sola persona podía poseer varios predios distintos. Fue entonces cuando, empezando el Frente Nacional, Lleras denunció la inexistencia de un verdadero sistema de administración de baldíos y la necesidad de perfeccionar el catastro para que las tierras de mayor extensión pagaran sobre avalúos justos, sometiendo los avalúos a vigilancia.

En los dos intentos de reforma de tierras que protagonizó, en el 61 y 68, insistió en que, además de redistribución de baldíos, era necesario ponerles coto a las apropiaciones de tierras por cuenta de personas o empresas que (directa o indirectamente) eran ya propietarias de considerables extensiones. Este tipo de propietarios tenían cómo movilizar plata, topógrafos, notarios y abogados para seguir acumulando. Previendo las dificultades que encontraría a diario, vaticinó que si esto no se materializaba podrían “sobrevenirle a la república males sin cuento”.

Los males vinieron, más que para la república, para algunos en ella. Causa y consecuencia del conflicto, la desigualdad de la tierra se robusteció en procesos de despojo. De la ganadería latifundista clásica a las más actuales extensiones mineras y agroindustriales, la concentración de la propiedad de la tierra no ha hecho sino subir en los últimos 20 años. El coeficiente de Gini (una medida sobre uno, donde cero correspondería a igualdad y uno a total concentración de riquezas) ha sido calculado para la propiedad de la tierra. Con un resultado de 0,86 es considerado uno de los más altos para las tierras rurales en América Latina y el mundo. Por entre la tierra, por encima y por debajo de ella, se ha ido concentrando también el agua.

Las profesoras María Cecilia Roa-García y Sandra Brown calcularon recientemente el coeficiente Gini para medir la desigualdad en las concesiones de agua a nivel nacional. Primero, se pusieron en la tarea de perseguir la base de datos sobre las decisiones de asignación de agua en Colombia (que no está disponible públicamente). Las concesiones son otorgadas por las autoridades ambientales regionales CAR que reportan hasta el momento un total de 28.104 concesiones de agua. Estas se asignan (en volúmenes cúbicos de agua) a personas, empresas y municipios para usos agrícolas, domésticos, industriales y de generación de energía hidroeléctrica. Como en las concesiones de tierras, a las que se refería Lleras Restrepo, quienes puedan acceder a mejores fondos y abogados tendrán títulos legales sobre el agua.

Encontraron que la mitad de los 20 beneficiarios del mayor número de concesiones de agua en Colombia son ingenios azucareros, incluidos los primeros cuatro. Los datos de concesiones de agua para hidroeléctricas están incompletos: Córdoba y Boyacá, que alojan centrales eléctricas como Chivor, no informan de la asignación de agua para hidroeléctricas. Otros, con centrales de poca capacidad, han solicitado concesiones por mucha más agua de la que necesitan. Municipios en la frontera extractiva de la Orinoquía otorgan grandes concesiones en las que no queda claro si el uso será doméstico o minero. Y un problema más grande: las concesiones de agua para minería las entrega otra entidad (la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla) y los datos no están disponibles ni cruzados con aquellas para agricultura, industria y uso doméstico.

En Colombia, concluyeron, el coeficiente de Gini para todas las concesiones de agua registradas por las CAR es 0,92. Y quizá sería mayor si se pudiera acceder a la información sobre concesiones para minería.

 

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