Por: Felipe Zuleta Lleras

La ley Echeverry

El proyecto de ley anunciado por el ministro Juan Carlos Echeverry para capitalizar a Colombia Telecomunicaciones (la que reemplazó a la antigua Telecom) coincide con el hecho de que esta empresa ha dejado de pagar a hoy la suma de 375.000 millones de pesos al fondo con el que se cancelan las pensiones de los extrabajadores de Telecom, cesación de pagos que denunciamos en esta columna hace unos meses.

La pretensión de ese proyecto, en palabras simples, es que la Nación asuma casi la mitad del pasivo pensional. Si eso llegara a suceder, Telefónica se liberaría de la carga que se comprometió a asumir en 2006 y que fue la razón por la cual la empresa española, y no Carlos Slim, se quedó como aliado estratégico de Telecom. No vaya a ser que por complacer a los inversionistas extranjeros se produzca un inmenso detrimento patrimonial al Estado.

Telefónica de España, como socio mayoritario del operador Colombia Telecomunicaciones, tiene a su cargo la gestión de esta empresa y ejerce la mayoría en su junta. Gracias a ese poder son los españoles quienes deciden con quién se contrata la adquisición de bienes y servicios, como el uso de marcas y la compra de software. Los colombianos debemos estar seguros de que por esa vía no se esté afectando indebidamente la rentabilidad de ese operador y la caja que debería estar destinada prioritariamente a pagar las pensiones. Por lo demás, por encima de cualquier bonificación que pudieren tener pactada los actuales administradores de Colombia Telecomunicaciones, deben estar seguros de que los intereses que representan son los de todos los accionistas y no sólo los de los españoles.

Ha trascendido que la contralora está tras las pistas de un eventual detrimento patrimonial en el caso de Telecom. Y en buena hora la Contraloría tiene puestos sus ojos en esta empresa. Eso podría explicar por qué funcionarios de Hacienda la quieren desprestigiar, como lo hizo Fernando Jiménez, director de presupuesto, tratando de usar para eso a un colega periodista de un noticiero de TV, cuestionando solapadamente que la contralora esté pidiendo recursos para una sede nueva, y con razón.

El edificio literalmente se está derrumbando, con ascensores que se inundan o se descuelgan dejando personas inválidas —como el caso de una señora que cayó del piso 27 al 1º—, cuyas ventanas están selladas para siempre en las peores condiciones de salubridad e inseguridad en todo sentido.

¿Será que el ministro Echeverry se opone a este traslado puesto que entre sus funcionarias se encuentra la directora de apoyo fiscal Ana Lucía Villa, quien toleró pasivamente la aberración de las vigencias futuras a las que se opone la contralora? ¿O será porque la Contraloría hizo devolverles a unos funcionarios de Hacienda el triple cobro por asistencia a unas juntas directivas?

Por cierto, ¿podría la Contraloría contarnos si se necesitaban los intermediarios que escogió Hacienda para colocar los bonos de la nación en el exterior?

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