La ley propicia la desigualdad

La consciencia ciudadana sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza viene en aumento. Con todo, su corrosivo impacto sobre la democracia es menos apreciado. En efecto, la concentración creciente del poder económico en pocas manos produce una concentración inconveniente del poder político y su capacidad de ejercer influencia decisiva sobre la confección de leyes, decretos y reglamentos. El caso más patente ha sido la reducción de la tasa impositiva a los más ricos, con la consecuente limitación de la capacidad del Estado para garantizar la inversión social.

Un área donde el impacto negativo sobre la distribución de los ingresos se ha invisibilizado es la de la legislación laboral. La llamada “flexibilización laboral” de los últimos 30 años ha erosionado la función protectora del Código Sustantivo del Trabajo ideado para contrarrestar el poder patronal concentrado que impone las condiciones laborales.

Con el coco del desempleo, el Congreso ha reducido las prestaciones y garantías laborales. Para dar solo un ejemplo, la ley 789 de 2002 autorizó repartir en tramos la jornada laboral de ocho horas a lo largo de la jornada diurna que amplió de las 6 p.m. a las 10 p.m. (hoy 9 p.m.). En consecuencia, en muchos negocios como restaurantes, puertos y Transmilenio, el trabajador queda disponible hasta 15 horas diarias, sin recibir horas extras ni disponer realmente de los intervalos entre los tramos de trabajo.

Esta sobreexplotación laboral ha contribuido al aumento de la desigualdad y a la reducción sensible de la remuneración del trabajo en favor del capital en las cuentas nacionales. La sola transferencia de trabajadores a empleadores en solo horas extras ascendió, entre 2003 y 2016, a $24 billones, según cálculo del Ministerio de Trabajo.

Por fortuna, las cuestionadas proposiciones económicas sobre salarios y empleo empiezan a perder aceptación. The Economist, por ejemplo, explica que la tesis de que el salario mínimo genera desempleo ya no es sostenida por el grueso de los economistas. El Tribunal Supremo del Reino Unido acaba de declarar que los conductores de Uber son trabajadores con derechos y no contratistas independientes como sostienen las plataformas que no les reconocen el contrato de trabajo.

Llegó la hora de hacer equitativa la legislación tributaria y laboral. Además de introducir un sistema impositivo progresivo como ordena la Constitución, es indispensable expedir el Estatuto del Trabajo que contribuya a reducir, en vez de aumentar, la desigualdad. Estamos en mora de fortalecer el sindicalismo, legislar sobre el carácter laboral del trabajo en las plataformas tecnológicas y entender que la productividad que elude al país en su competitividad y también su democracia, tiene todo que ver con los monopolios y la baja tributación y remuneración del trabajo que imponen.

Adenda. La JEP ha determinado que durante el gobierno Uribe al menos 6.402 individuos fueron víctimas de desaparición forzada con fines de homicidio, los mal llamados “falsos positivos”. Llegó la hora de saber quiénes dieron la orden. Por eso se busca silenciar a la JEP. La verdad exige su defensa.