Por: Columnista invitado

La libre competencia como política de Estado

Por Pablo Felipe Robledo del Castillo*

Muchos académicos han reconocido en la competencia la clave del desarrollo. Sin embargo, nadie lo ha dicho tan claro como Michael Porter, para quien el éxito empresarial se fundamenta en tres cosas: rivalidad, rivalidad y rivalidad.

Existe consenso mundial en que la competencia económica contribuye al desarrollo de los países y al mejor bienestar de la sociedad. Hay una correlación entre los países con más desarrollo y los países con mejores políticas públicas en protección de la libre competencia económica. Y esa protección se hace, a través del buen funcionamiento de una autoridad independiente, técnica y con gran capacidad de investigar y sancionar. Hoy, en Colombia, muchos son conscientes de que una sólida política pública de competencia, tanto en lo privado como en lo público, genera condiciones para mejorar la vida de todos.

La sana, leal y vigorosa rivalidad entre empresarios para atraer a sus clientes beneficia a todos los consumidores que compran más por menos precio, gracias a que a ellos se han transferido las eficiencias propias de un mercado en competencia. Ahora bien, esa rivalidad también beneficia a todos los empresarios que, en la cadena productiva, adquieren materias primas para incorporarlas en sus procesos productivos. Reducen sus costos, mejoran sus productos y se tornan más competitivos en los mercados nacionales e internacionales, lo cual en una economía globalizada es absolutamente necesario.

Si los empresarios quieren ganarse honestamente la preferencia, que no es más que el corazón y el bolsillo de los consumidores, no tienen camino diferente al de reducir sus costos, ofrecer precios competitivos, mejorar sus productos e innovar, lo cual requiere de la existencia de competencia, pues es ella —la rivalidad— el principal motor para que un empresario haga lo que tiene que hacer: pensar cómo mejorar y ser más eficiente. Y claro está, ejecutar al pie de la letra ese plan estratégico (libreto).

Esta dinámica competitiva y de mejora continua favorece principalmente al empresario que está dispuesto a ello. Y, por esa vía, empieza a transitar por el camino que lo conducirá a convertirse en un mejor empresario. Esa dinámica le conviene a todos los demás empresarios de la cadena productiva y, lógicamente, a los ciudadanos, principalmente a los de escasos recursos, en cuyo favor está diseñado el modelo económico denominado “economía social de mercado”. La economía de mercado genera riqueza y permite repartirla dentro de un modelo sostenible en el corto y mediano plazo, y altamente exitoso en el largo plazo, tanto para el país como para los propios empresarios y consumidores. De eso se trata.

Colombia, pese a las crisis externas, ha visto un incremento en la calidad de vida de los ciudadanos, producto de un desarrollo económico sostenido. Más colombianos salieron de la pobreza, el desempleo se disminuyó notablemente y, por primera vez, el empleo formal crece más que el informal. También, aumenta a pasos agigantados la inversión extranjera. Colombia sigue siendo uno de los países que más crece en la región y la realidad muestra razones para ser optimistas tanto sobre lo hecho como con el futuro.

Muchas políticas exitosas han contribuido con este alentador panorama, pero, sin lugar a duda, una de ellas es la efectiva protección de la libre competencia económica, que no es más, pero tampoco es menos, que la columna vertebral de la economía de mercado, generadora de riqueza distribuible con repercusión en más bienestar social general.

Resulta vital que el país siga en el empeño de garantizar la existencia de una autoridad de protección de la libre competencia económica y de los consumidores que, con independencia, defienda al sistema económico de los múltiples ataques que sufre por cuenta de empresarios inescrupulosos que conspiran en carteles contra la economía de mercado. Uno de los activos sociales más representativos en las naciones modernas es tener, como garantía para los negocios, el respeto por las reglas de juego, y entre ellas, la libre competencia, que hace mejor al que compite al igual que el estudio hace mejor al que estudia.

Como muchas de las políticas públicas que contribuyen al desarrollo económico, la de competencia es de largo aliento y debe aplicarse con perseverancia. Un mercado eficiente que respeta la libre competencia beneficia a todos. La competencia es para los empresarios un deber ético con la sociedad y, sobre todo, con los ciudadanos más pobres.

Resulta indispensable que no se abandone la senda emprendida ni se subestime la importancia que tiene para el futuro del país una sólida política de competencia. Colombia tardó mucho en entenderlo, décadas tras décadas no nos dimos cuenta de que esto era importante, pero ahora que lo sabemos, no podemos dar marcha atrás. No hay espacio para repetir errores.

En resumen: le correspondió al presidente Santos implementar con rigor una política de gobierno encaminada a proteger la libre competencia económica, pero le corresponde al presidente Duque convertirla en política de Estado. A la sociedad en general le corresponde acompañar esta política pública y a la clase empresarial le es atribuible la obligación legal y ética de respetarla y no ser inferior ni a ella ni a sus propios ideales que nos hacen soñar con que es verdad que haciendo empresa se hace país.

* Superintendente de Industria y Comercio.

 

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