Por: Augusto Trujillo Muñoz

La Loot y el Municipio

El tema de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial regresó a la agenda pública. Descaecido durante años, el nuevo gobierno lo recuperó y la movilización ciudadana en la costa Caribe comienza a proyectarlo sobre otras áreas de la geografía nacional.

La región no es sólo una circunstancia geográfica. También es una realidad sociológica y una expresión institucional. Así la considera la constitución, aunque formula su desarrollo como un proceso que se construye por etapas. Tal vez fue Carlos Lleras de la Fuente quien –con la autoridad que le da el hecho de haber sido uno de los redactores de la carta política- dijo que, en esta materia, aquella consagró una carrera de obstáculos. 

En efecto los artículos 306 y 307 muestran un escenario plagado de dificultades. Los múltiples requisitos y las tensiones entre los amigos de la región y los del departamento, desdibujaron lo que podría haber sido el mapa del nuevo país. Con razón, después de veinte años no se registra avance alguno en el proceso de construcción institucional de regiones. Parecería, a veces, que la LOOT debe resolver la cuadratura del círculo.

Por el contrario, el panorama constitucional del municipio es bien claro. Para comenzar es el centro de la institucionalidad colombiana. En otras palabras, hay que municipalizar el país para institucionalizarlo. Allí donde hay instituciones el fortalecimiento municipal es clave para hacer el tránsito cabal de la legalidad a la legitimidad, que el país ha intentado desde 1991. Pero en donde no las hay es preciso crear municipios para superar el vacío institucional que se convirtió en aliado y cómplice del conflicto colombiano.

El equilibrio entre unidad política y autonomía territorial encuentra su mejor expresión en el municipio. Ese equilibrio democrático descansa en la figura de la asimetría institucional, en el sentido de que la carta del 91 estableció la posibilidad de adoptar diversidad de regímenes locales de gobierno. Antes del 91 nadie fue más allá del decreto 222 del 88, que distribuyó el territorio nacional en categorías de municipios. Pero después nadie ha desarrollado la norma superior que autoriza a la ley para establecer diversidad de regímenes jurídicos locales, como sí hay algún desarrollo de la que autoriza lo mismo, para las comunidades indígenas.

Ese es un tema prioritario para el país y para un ordenamiento territorial imaginativo y creador. El proyecto de LOOT debería recogerlo en su articulado y debatirlo como base de una opción democrática que recupere la legitimidad institucional. Mientras el departamento fue utilizado por la constitución del 86 para reconstituir a Colombia en forma de república unitaria, el municipio fue convertido por la carta del 91 en la entidad fundamental del estado y, por lo tanto, en el ente territorial autónomo por antonomasia.
 
El nuevo intento de desarrollo regional se puede enredar en los vericuetos del entramado constitucional. Tal cosa sería un nuevo fracaso de la LOOT y un nuevo golpe al tema de la autonomía territorial. La democracia local, en cambio, se puede convertir en instrumento para construir el mapa que no afloró en la constituyente. Basta impulsar la municipalización reconociendo la diversidad de los municipios, su autonomía política y sus derechos, y construyendo sobre esa base un país unido en torno a la diferencia. En ese tema hay expertos, aunque nadie lo es más que el ciudadano común. Él sabe, además, que por ese tema atraviesa parte de la diferencia entre la paz y la guerra.

*Ex senador, profesor universitario  [email protected]

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