¿Es la Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (MAAN) con las FARC reeditar la estrategia de liberar a los militares de los controles civiles y políticos? ¿Deberíamos descargarlos de su obligación de respetar los derechos humanos?
No es por aguafiestas que hago la anterior pregunta. Nada de eso. A todos los que queremos que prosperen las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC nos conviene hacernos la pregunta acerca de la MAAN.
En todo proceso de negociación uno tiene que tener claro cual es su MAAN. A este respecto, a quienes no lo conocen, les recomiendo la lectura de un manual bastante útil, cuyas aplicaciones se extienden desde la esfera de los negocios a la de las relaciones internacionales: Sí, de acuerdo: Cómo negociar sin ceder de Roger Fisher y William Ury (Bogotá: Norma, 1993).
Si uno no sabe qué alternativas tiene por fuera de la mesa de negociación, entonces uno queda a merced de lo que la contraparte quiera proponer. A falta de alternativas, el “tómelo o déjelo” solamente tiene una respuesta: “lo tomo”. Por eso, tan importantes como la negociación misma son las alternativas a esa negociación.
A juzgar por lo que ha dicho el gobierno acerca del cese al fuego, se puede inferir que tiene su MAAN bien clara. Sin embargo, es difícil saber qué claridad tiene la gente en el país acerca de la mejor alternativa en caso de que fracasen las negociaciones.
Al indicar que el tema del cese al fuego será discutido al final del proceso, esto es, cuando se tenga una idea más precisa acerca del contenido del acuerdo de paz y de su cumplimiento, el gobierno ha enviado una señal clara acerca de su MAAN: la alternativa al acuerdo de paz es la confrontación. No va a haber ninguna reducción en la presión ejercida sobre las FARC. Antes bien, esa presión está en aumento. Si las FARC percibiesen debilidad de parte del gobierno en este punto, seguramente extraerían de ello numerosas concesiones. Hace pues bien el gobierno en no acordar un cese de hostilidades. Lo que no me queda claro, sin embargo, es cómo querría el gobierno continuar la confrontación en caso de que fracasaran las negociaciones.
Cuando comenzó la negociación del gobierno con las FARC en el Caguán, los paramilitares estaban en ascenso. Al tiempo que las FARC habían pasado de la “guerra de guerrillas” (emboscadas, ataques a la infraestructura, etc.) a la “guerra de movimientos” (acciones en gran escala contra objetivos civiles y militares: la toma de las Delicias, Patascoy, Miraflores y Mitu), las Autodefensas Unidas de Colombia habían empezado a extender sus operaciones por todo el territorio nacional. Cuando fracasaron las negociaciones, varios sectores sociales y políticos le dieron su respaldo a la estrategia paramilitar. Si las negociaciones con las FARC volvieran a fracasar, ¿volvería el país a darle rienda suelta a una estrategia semejante?
Yo no creo que la estrategia paramilitar esté entre las opciones del gobierno del presidente Santos. Sin embargo, como le sucedió a otros gobiernos, en caso de que fracasen las negociaciones de paz con las FARC, las cosas se le podrían salir de las manos y el paramilitarismo podría reeditarse. En este contexto, me parece absolutamente desafortunado el anuncio del Ministro del Interior Fernando Carrillo de que tramitará una reforma al fuero militar para “devolverle la seguridad jurídica” a los militares.
Sobre este tema no hay que llamarse a engaños: el paramilitarismo prosperó gracias a la aquiesencia y también a la activa colaboración de numerosos miembros de la Fuerza Pública y también de la sociedad en general. No era un asunto de “manzanas podridas” sino de estrategia contrainsurgente. Esa estrategia pudo implementarse gracias al hecho de que los controles civiles y políticos sobre la acción de la Fuerza Pública se relajaron.
Permítanme mencionar solamente un aspecto del debilitamiento de la función de control del estado sobre sus fuerzas armadas. Si la clase política hubiese tenido una postura unificada y firme frente al fenómeno paramilitar, el coronel Santoyo nunca habría sido ascendido a general. Esto por mencionar solamente un ejemplo reciente. Con sectores de la clase política que no tienen sentido de la vergüenza, como los representantes que eligieron presidente de la Comisión Primera de la Cámara a Gustavo Hernán Puentes, miembro de la Comisión de Conciliación de la reforma a la justicia, es decir, otro sinvergüenza, ¿qué podríamos esperar en el futuro? Hoy le dan bendiciones al proceso de paz. Mañana, ¿en cabeza de quiénes caerían sus maldiciones? Hoy seguramente se aprestan a darle seguridad jurídica a a las fuerzas militares. ¿A los civiles qué nos van a dar? ¿Inseguridad?
Desde luego, las cosas no son nada simples. El pésimo precedente de la Fiscalía General de la Nación en el caso de Sigifredo López lo complica todo. Si yo fuera militar, tendría todas las razones del mundo para creer que si alguien quisiese dañar mi carrera solamente que tendría que recurrir a la Fiscalía. Si hay carrusel de testigos para incriminar a una víctima de la guerrilla, ¿por qué no ha de haber un carrusel de testigos para incriminar a quienes le combaten? Esta situación demanda remedio. Ningún ciudadano de Colombia, ni civil ni militar, ha de estar a merced de decisiones abusivas de la Fiscalía. Todos, civiles y militares, merecemos seguridad jurídica. Que el gobierno proponga pues reformas que nos beneficien a todos, no solamente a los militares.
Quizá haya quienes piensen que la reforma al fuero militar es el precio que el gobierno tiene que pagar por la aprobación del marco jurídico para la paz. Esto ya es entrar en las honduras de la llamada “justicia transicional”. Entiendo que ofenderíamos el sentido de la justicia si permitiésemos que los miembros de una organización contra-estatal pudiesen llegar a beneficiarse de un trato penal favorable mientras que los agentes del estado tuviesen que cumplir sus penas sometidos al máximo rigor. Pero, ¿es la reforma al fuero militar la forma apropiada de prevenir la ocurrencia de esos entuertos?
Ese tema ya lo tendrán que abordar las partes en la mesa de negociación. Por ahora la sociedad tiene que abordar otro tema: ¿estamos dispuestos a relajar los controles civiles y políticos sobre la acción de la Fuerza Pública en caso de que fracasen las negociaciones con las FARC?
* Juan Gabriel Gómez Albarello