La majestad de la justicia

“EN UN ESTADO DE DERECHO TODO el poder material de las armas debe estar al servicio del más humilde de sus jueces”, dijo Alfonso Reyes meses antes de morir en medio del fuego cruzado entre guerrilleros del M-19 y soldados que pugnaban por desalojarlos del Palacio de Justicia.

La frase fue acuñada como una invocación al gobierno de entonces para que garantizara la seguridad de los funcionarios judiciales en una época en la que el crimen organizado asesinaba a quien se atreviera a investigarlos. En los últimos años el número de atentados contra ellos disminuyó de manera considerable; pero en su lugar se han acrecentado los ataques del Ejecutivo contra las decisiones de los jueces. El asunto no es de poca monta, porque cuando se cuestiona la rectitud o imparcialidad de un juez no sólo se lo está afectando de manera personal, sino que se está poniendo en tela de juicio la fiabilidad y respetabilidad de la administración de justicia frente a un conglomerado social que confía en ellos como supremos garantes de sus derechos.

No se trata de considerar a los funcionarios judiciales como seres infalibles ni de negar la posibilidad de controvertir el contenido de sus sentencias. Pero una cosa es hacerlo a través de los recursos que la propia ley prevé, o en el ámbito académico de manera fundamentada, y otra muy distinta es descalificarlas a través de aseveraciones generales por el solo hecho de que no se comparte el sentido de las mismas.

En el gobierno que está a punto de terminar ha sido reiterada la censura pública de decisiones judiciales o de quienes las han adoptado, como cuando el Presidente cuestionó la sentencia proferida contra Plazas Vega, con el argumento de que con su actuación había salvado algunas vidas o, más recientemente, al ordenar que, bajo su responsabilidad, un grupo de personas permaneciera detenido aun en contra de la voluntad de los jueces, para citar sólo dos ejemplos.

En casos como éstos no se ha tratado de la libre deliberación de interpretaciones jurídicas que invoca el saliente Ministro del Interior y de Justicia, porque en ninguno de ellos el Primer Mandatario expuso criterios jurídicos para sustentar sus afirmaciones. Lo que ha hecho es convertir sus opiniones personales en cuestionamientos oficiales sobre la rectitud de los encargados de administrar justicia. Esa es una actitud tanto o más peligrosa que la de atentar contra la seguridad personal de los jueces, porque no sólo los afecta en lo individual, sino que transmite a la comunidad la sensación de que no se puede confiar en su probidad y eficiencia.

De nada vale tener en la Constitución y la ley una detallada lista de derechos fundamentales si no se tiene confianza en quienes están instituidos para hacerlos respetar. Ya es triste pensar en un país que no crea en sus jueces, porque marcharía hacia la anarquía; pero es aun más doloroso ver que desde el propio Gobierno se desarrollan actuaciones orientadas a descalificar a sus funcionarios judiciales frente a la sociedad. Corregir este despropósito debería ser uno de los principales objetivos del Ministerio de Justicia en cuya reimplantación está comprometido el nuevo Presidente.