Por: Ramiro Bejarano Guzmán
Notas de buhardilla

La mala hora militar

Mientras el escándalo por el retorno de los “falsos positivos” sigue creciendo en los medios internacionales, aquí el Senado, con mayoría holgada, ascendió al general Nicacio Martínez.

The New York Times (NYT) no ha podido ser desmentido por el Gobierno. Luego de la reunión “académica” de Carlos Holmes y los embajadores Santos y Fernández de Soto con reporteros del importante medio, lo único que se le ocurrió al canciller fue informar que se trató de un encuentro cordial. Amabilidad que no tuvo el Gobierno colombiano al descalificar al NYT. Hasta hoy el periódico gringo no ha expresado haber cambiado de criterio luego de la lagarta visita del ministro y sus embajadores. Por el contrario, que este diario hubiese abierto sus páginas para que Daniel Coronell opinara sobre cómo fue descabezado en Semana, precisamente por haber criticado el hecho de que esta revista no hubiera revelado lo que sí divulgó el NYT, claramente indica que siguen convencidos y seguros de lo que publicaron.

A estas revelaciones del NYT se han venido sumando otros importantes medios como Associated Press y más recientemente el influyente diario español El País, el cual denunció que el general Nicacio Martínez, entre octubre de 2004 y enero de 2006, comandó una brigada militar sindicada de 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en La Guajira y Cesar, entre ellas “una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual”. El oficial comprometido lánguidamente respondió que dará las explicaciones, pero ni a él ni a nadie en el Gobierno, y menos en el Senado, se le ocurrió aplazar el ascenso del comandante del Ejército

Insólito el pronunciamiento del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en cuanto el senador Petro divulgó unos impresionantes videos que muestran entrenamientos a base de torturas a soldados golpeados por hombres vestidos de supuestos guerrilleros que también eran militares. El ministro no negó que fueran evidencias de la política de torturas, sino que esos videos “no son parte de esta administración”. Es decir, no hubo un rechazo categórico del ministro civil a lo que le estaban exhibiendo en el recinto del Senado, sino un gesto oportunista para ponerse a salvo personalmente, como si estos problemas que laceran la reputación de la Fuerza Pública no fueran la pavorosa herencia que nos dejó el “presidente eterno”, entre otras cosas, el ministro de Defensa en la sombra.

Ante semejante arremetida mediática el Gobierno integró una Comisión de Excelencia Militar solo con tres distinguidos civiles, que examinará en 30 días los procedimientos y órdenes de la milicia. Lástima que no hubiesen vinculado a un político curtido de uno de los partidos que se oponen al Gobierno, como lo imponían las circunstancias. Esperamos que entreguen conclusiones que convenzan al país y que puedan ser exhibidas sin pena en el extranjero.

Por eso no sorprende que el ascenso de Martínez haya sido prohijado por el Centro Democrático, ni que Uribe y el subpresidente Duque cuestionen el informe de la ONU que condenó los ataques sistemáticos contra los reincorporados excombatientes de las Farc. Ni tampoco que el periodista del NYT que informó lo que otro medio criollo se negó a hacer haya tenido que irse de Colombia, o que un teniente del Ejército que ni siquiera fue mencionado en el artículo de El País haya demandado al periodista responsable de la noticia.

En el tenebroso tercer período del amo y señor del complejo mundo militar y de la inteligencia, hay algunos fanáticos que, escudados en la falsa defensa a ultranza de la Fuerza Pública, se creen con derecho a sembrar el odio y a sepultar verdades incómodas.

Adenda No. 1. Los ministros de Hacienda, Comercio y Vivienda, enfurecidos con el gerente del Banco de la República como si fuera su subalterno, porque opina que la economía se estancó. ¿ Y la autonomía e independencia del Banco emisor?

Adenda No. 2. William Vianey Solano, el único periodista independiente y crítico de la corrupta administración en Buga, amenazado por las Águilas Negras. Las autoridades deben impedir otra tragedia anunciada.

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