Por: María Teresa Ronderos

La melcocha nacional

Esta semana, como suele sucedernos cada tanto tiempo, se levantó la espesa neblina de los autoelogios nacionales y vimos por un instante cuán untados pueden estar los altos poderes patrios de la melcocha corruptora del narcotráfico.

A la senadora Dilian Francisca Toro, niña mimada de los últimos dos gobiernos, la Corte la citó a rendir declaración pues es sospechosa de haber lavado activos. Al ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, la Procuraduría le abrió investigación preliminar para investigar si se reunió con el temido narcoparamilitar de los Llanos, Héctor Germán Buitrago.

A la notaria encargada de la Notaría 17 de Bogotá se la investiga por haber expedido en 2010 un certificado de defunción de Camilo Torres, alias Fritanga, pues hace poco la Policía lo capturó vivo, luego de su fiesta de matrimonio en una isla, que duró una semana y a la que invitó a 200 personas. Fueron a la parranda los cantantes Silvestre Dangond y Jean Carlos Centeno, entre funcionarios públicos y miembros de la farándula criolla, cuyos nombres aún no son públicos. El abogado Abelardo de la Espriella, que representa a Dangond, dijo que no era delito cantar en una narcoparranda. Seguro tiene razón, pero sí tiene que haber una diferencia ética entre parrandear con García Márquez, como lo hacía Escalona, y cantar para alias Fritanga.

La melcocha no paró ahí. Esta misma semana, La FM reveló que el narcotraficante Ramírez Abadía (Chupeta) tenía camuflada entre las páginas de El decamerón, de Boccaccio, “una pequeña lista de muchos de los que han tenido que ver directa o indirectamente con mi organización en la manera con la que he establecido... como una garantía para mi seguridad y la de mi empresa”. En la carta al amigo que le guardó este tesoro para futuros chantajes, Chupeta le dijo que aprendió “que todo esto debe ser llevado de la mano con la Fuerza Pública como privada”.

En la “pequeña lista” figuran 16 generales del Ejército y de la Policía, varios otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas, un exfiscal general, el esposo de otra exfiscal, algunos políticos, varios “comandantes” guerrilleros y paramilitares y hasta el zar del efímero imperio de la venta barata en efectivo de DMG. El libro de infamias de Chupeta lo tenía la justicia desde 2006, pero estuvo refundido por seis años, y en el camino alguien le arrancó cinco hojas, que vaya a saberse a qué poderoso involucraban.

La tragedia de soldados que pierden sus piernas intentando erradicar la coca, el sufrimiento de policías que caen abatidos en un operativo de incautación de precursores químicos, el dolor de una fiscal asesinada por investigar al traqueto de turno, la soledad del alcalde de un pueblo que no les entrega el presupuesto a las narcobandas armadas... todo esto ha conseguido que Colombia, según el informe mundial que reveló hace poco Naciones Unidas, haya disminuido los cultivos de coca y la producción de cocaína entre 2006 y 2010. Tanto así, que el mercado europeo de consumidores ahora está siendo abastecido en mayor proporción por la cocaína boliviana.

Pero hay en el mundo un número estable de consumidores de cocaína y Colombia, que aún es el principal abastecedor de Estados Unidos, produjo unos 300.000 kilos de esa droga en 2010. Y si un kilo vendido al por menor en las calles gringas costaba 120 mil dólares ese año, pues la cuenta suma US$36 mil millones al año, de los cuales les queda a los narcos colombianos sólo una parte, pero suficiente para financiar generales, fiscales, notarios, ministros, parrandas y, la justicia dirá, si hasta congresistas con los panties al revés.

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