La ministra de Macondo

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En Colombia existen muertos de primera y de segunda, y en nuestra mentalidad parroquial las personas que perdieron la libertad dejaron de ser personas para convertirse en menos que animales; en redes, cuando existe una denuncia por maltrato animal salen ejércitos que manifiestan su indignación, en Colombia mueren 23 ciudadanos en una cárcel y esa noticia no genera por lo menos reflexiones por las mínimas exigencias de responsabilidad política.

Tuvo que pasar un mes de cuarentena, que el coronavirus cobrara tres vidas en la cárcel de Villavicencio y tocara la puerta de cuatro cárceles más para desnudar la ineficiencia de nuestro sistema penitenciario, pero más que eso, cómo se juega a la ruleta rusa de forma miserable empezando a escribir en este Macondo una nueva edición de una crónica de muchas muertes anunciadas, porque como lo dice el profesor Zafarroni: “dolosamente se está consintiendo la posibilidad de la muerte de miles de personas, con el agravante que la mitad de ellos no han sido condenadas y otros ya han cumplido con sus penas”.

Las cifras de hacinamiento en Colombia reportadas por el Inpec superan el 48%, sin embargo, en nueve establecimientos supera el 200%, llegándose a extremos como los de Andes y Riohacha donde se supera el 350%, demostrando que los derechos humanos se encuentran amenazados y estamos ante una calamidad pública que se pretende ocultar; las cárceles tienen una emergencia sanitaria que se ve atizada por una pandemia que ya ha demostrado su letalidad.

Todo ello exige que se revise el decreto Nº 546 y se adopten medidas urgentes para dar solución a la crisis carcelaria, y no medidas inútiles que obedecen a una política criminal, caótica y populista, se debe ser ambicioso y lograr la descongestión de estos centros y dejar que el derecho penal funcione como una inquisición que solo busca la muerte de los que algún día fueron tratados como enemigos, eso solo tiene cabida en los Estados totalitarios.

Reitero la necesidad de medidas que profundicen la concesión de prisión domiciliaria a las personas que hayan cometido delitos menores, dentro de los instrumentos penitenciarios puede aplicarse la virtualización de todas las audiencias, la suspensión de los traslados (el Inpec se encargó de llevar el virus a los demás centros carcelarios) y la revisión urgente de los presos que deben estar en libertad por pena cumplida.

Ministra, si en una crisis no fue capaz de sacar un simple decreto que efectivamente aliviará la realidad carcelaria, el futuro de la tan prometida reforma a la justicia parece devastador, como en Macondo: los muertos y los expedientes se abalanzan literalmente sobre los funcionarios judiciales cayendo de torres de varios metros de altura como si buscaran un poco de atención luego de años de olvido.

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