La misión de Fedearroz

Les contaba en mi anterior columna el disgusto de Yonairo —el productor de arroz de La Mojana— y de miles de cultivadores del grano en otras regiones del país, por el mal uso que su gremio, Fedearroz, le viene dando a sus recursos. Si el Gobierno y los entes de control llegan a comprobar la veracidad de esas denuncias, Fedearroz debe ser intervenido inmediatamente.

Este gremio, creado con el objeto de defender los intereses de los productores y promover la competitividad del sector arrocero colombiano, perdió su misión desde el momento en que el Ministerio de Agricultura le adjudicó la administración del recaudo de las cuotas parafiscales de los productores y le delegó —junto con el Ministerio de Hacienda y el de Comercio e Industria— la administración de los millonarios recursos que recibe de la ETC Col-Rice por las subastas de importación de arroz desde los Estados Unidos y le giró los recursos para los productores de arroz.  

Hoy, Fedearroz es una agremiación dedicada a los negocios. En vez de impulsar la productividad y competitividad de su sector, se dedica a financiar cultivos, sin ser entidad financiera; a vender semillas, insumos y fertilizantes, sin ser una entidad comercial, y a prestar servicios de secamiento, trilla, empaquetado y almacenamiento de arroz, sin ser industria. Mientras tanto, los productores siguen arruinándose por la mala calidad de las variedades de semillas, por la ausencia de programas en buenas prácticas agrícolas, por los altos costos de producción y por los altos precios y tarifas que les cobra Fedearroz, por los insumos y servicios. Ahora, también se dedicó a embargarles las fincas a sus afiliados, tal como lo denunciaron esta semana varios arroceros de la Asociación de Municipios del Ariari en el Meta.

Esta desacertada política de Fedearroz ha traído como consecuencia que el sector arrocero colombiano caiga a los últimos lugares en competitividad. Según un estudio estadístico de la FAO, entre 1980 y 2104, el rendimiento por hectárea del sector arrocero colombiano sólo creció el 11%, mientras que Uruguay subió a un 88%; Perú, 76% y Bolivia, 68%. Mientras las semillas de ellos rinden entre 8 y 10 toneladas por hectárea, las de Fedearroz no pasan de 4,5 toneladas por hectárea en promedio nacional. Lo más grave de este asunto es que, según una investigación de Acosemillas, el 68% de las semillas de arroz que se utilizan en Colombia no es certificada.

En materia de costos de producción, estamos peores. Producir una tonelada de arroz paddy seco en Colombia cuesta alrededor de 429 dólares, un 20% por encima de los costos de otros países de la región. Ni siquiera han sido capaces de ayudar a reducir los abusivos precios de arrendamiento de las tierras y la tarifa de uso de agua por hectárea. Estos dos rubros pesan el 40% en los costos de producción de una hectárea de arroz.

Tampoco han sido capaces de crear un mecanismo de comercialización que garantice un precio justo a los arroceros del país. Cada año, le toca a papá gobierno salir a subsidiar el precio de las cosechas de arroz, por la incompetencia de estos directivos de Fedearroz.

Los productores de arroz del país están en mora de recuperar su gremio y su misión.