Por: Jaime Arocha

La momia de Vicente Castaño como destino nacional

El 18 de enero, en este periódico, James Robinson publicó “Colombia: ¿esta vez es diferente?”, reafirmando su propuesta de desligar la agenda agraria de la modernización indispensable para un posconflicto exitoso.

Mi lectura de esa columna coincidía con el programa “The Global African” sobre la inclusión de las reivindicaciones de afros e indígenas en las conversaciones de La Habana. Entrevistaron a Eva Lucía Grueso, cofundadora hace 25 años del Proceso de Comunidades Negras (http://multimedia.telesurtv.net/web/telesur/#!en/video/the-global-african-293461).

Para ella los negociadores tendrían que ser más explícitos en cuanto a mecanismos idóneos para salvaguardar la territorialidad ancestral colectiva, reparar a las familias afrocolombianas desterradas en proporciones exageradas y combatir el racismo contra los desplazados, exacerbado en las ciudades que los reciben. Sus insatisfacciones me devolvieron al comunicado que —a pocos días de iniciados los diálogos de paz— su organización les mandó a los representantes de Gobierno y Farc con lo que para los pueblos afrodescendientes debería caracterizar una paz verdadera y profunda. Ese documento se anticipó a contradecir la propuesta que hace Robinson de no desgastarse con la reforma agraria, dada la inevitabilidad del “modelo rural de desarrollo de Vicente Castaño …que impera en Colombia”.

Una diferencia insoslayable es que el PCN no reivindica derechos a la tierra, sino a territorios construidos “históricamente, durante 500 años… a partir de las luchas de nuestros ancestros por liberarse de la esclavitud y [de…] la memoria… traída de África”. Más allá de áreas para la producción campesina, incluyen una naturaleza preservada por la poética de “ver el atardecer en nuestros ríos jugando con el agua”. Involucran ámbitos para educar a “nuestros hijos” sin la imposición de la “ciencia colonial como única verdad” y con escuelas que “no nieguen que somos negros ni que nuestros vecinos son indígenas [aliados nuestros]. Hechos de tablados para “preservar nuestras fiestas …[donde] nuestros tambores, …marimbas…[y] nuestros cantos retumben”, y que sigan albergando camposantos donde los muertos pasen a ser los ancestros vivos que guían del porvenir.

A este sentipensamiento lo ampara la Ley 70 de 1993, a la cual Robinson percibe como “triunfo democrático y moral”, mas no como el instrumento que concreta aquella legislación internacional, según la cual los pueblos tienen derecho a no tratar a la Tierra como mercancía, sino a hermanarse con ella mediante su estética y espiritualidad. Se trata de los “derechos de tercera generación” a los cuales se refiere el manifiesto que cito, y los cuales no podrán ser ignorados por el posconflicto.

La sugerencia de mirar para otra parte mientras se le rinde tributo a la momia de Vicente Castaño quizá regocije al embajador de Azerbaiyán, cuyo gobierno ansía tierras colombianas para mandar comida a Rusia, a las multinacionales de la biogenética y a los inversionistas que babean por el Vichada. Sin embargo, es difícil imaginar que organizaciones como el PCN permanezcan impávidas mientras los cultivos de palma que la violencia de ese paramilitar expandió sigan vulnerando los territorios colectivos ancestrales de comunidades negras.

 

 

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