Por: Elisabeth Ungar Bleier

La mujer del César, además de ser honesta…

EN EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN de la Agenda Ciudadana por la Transparencia para Bogotá, elaborada por Transparencia por Colombia en asocio con diversas organizaciones sociales, se realizó un debate con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá sobre sus posturas y propuestas frente al tema de la corrupción en la ciudad.

En esta ocasión todos coincidieron en señalar que la corrupción comienza durante las campañas, específicamente por vías de su financiación y de lo que algunos de los aspirantes llamaron la “hiperactividad del sector privado para obtener ganancias adicionales de los macroproyectos de amplia dimensión” y la “utilización de la política para beneficio personal”.


Al revisar las cifras del aplicativo Cuentas Claras (www.cnecuentasclaras.com), para las seis ciudades capitales más grandes del país y sus respectivas gobernaciones, encontramos que sólo el 48% de los candidatos a gobernador y el 43% de los aspirantes a las alcaldías han reportado ingresos y gastos. Bogotá y Antioquia son las únicas circunscripciones donde el 100% ya ingresó información, pero en Cundinamarca solamente el 33% lo ha hecho, y en Medellín, el 66%. En Atlántico, uno (14%) y en Barranquilla el 50%; en Cartagena el 42% y en Bolívar el 40%; en Bucaramanga el 60% y en Santander el 50%. Finalmente, en Cali sólo uno de los 12 aspirantes ha reportado ingresos y gastos, mientras que en el Valle de Cauca, el 66% lo hizo.


Esto significa que con excepción de Bogotá, la opacidad y la falta de transparencia en la información sobre la financiación de las campañas electorales son las notas predominantes, lo cual constituye un claro riesgo de corrupción y de captura de los entes territoriales por intereses particulares. A pesar de las advertencias por parte de los medios de comunicación, de ONG y veedurías ciudadanas, e incluso de las autoridades electorales sobre los millonarios gastos en los que están incurriendo los candidatos en diferentes regiones y ciudades del país, aún hay numerosos aspirantes que no han entregan información sobre sus ingresos y gastos, o lo están haciendo de manera incompleta. No sobra recordar que el Consejo Nacional Electoral expidió una resolución que obliga a los candidatos a gobernaciones y a las ciudades capitales a reportar en tiempo real las finanzas de sus campañas.


Pero más allá de lo que dicen las normas, sobresale la contradicción entre los discursos de quienes prometen combatir a los corruptos, que son la mayoría, y su reticencia a hacer visibles sus cuentas de campaña. Se ha demostrado hasta la saciedad que la financiación de las campañas ha sido uno de los factores que más corrupción genera, que crea condiciones propicias para la captura del Estado por parte de intereses particulares y de actores ilegales, y que se ha convertido en un instrumento efectivo para incidir indebidamente en los servidores públicos.


Muchos dirán que no importa qué leyes se expidan, porque los corruptos siempre encontrarán la manera de violarlas. Sin embargo, una forma clara y contundente que tienen los candidatos para diferenciarse de los corruptos es haciendo pública la financiación de las campañas.

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