La noche de los matarifes

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No olviden el 9 de septiembre, o 9/09 como dicen ahora, y no lo olviden porque esta fecha ya se metió, sin que nos diéramos cuenta, en nuestra historia como un indicio muy revelador sobre la nueva fase que se viene en la protesta social.

Gravísimo lo sucedido ese día, de la madrugada a la medianoche. Temprano, la ejecución extrajudicial de Javier Ordóñez adentro de un CAI, o sea en una de esas instalaciones que se crearon hace cuatro décadas para que las comunidades sintieran cercanía y protección de su Policía. Al caer la tarde, ese mismo cuerpo abrió fuego indiscriminado contra multitudes que protestaban por el hecho en barrios distantes, algunas de modo muy violento, con agresiones físicas a los patrulleros y quema de buses y de los propios CAI. Y en medio del caos, los encapuchados de siempre, esos que nunca sabemos si son judicializados y si sirven para la causa de la extrema izquierda o de la derecha. Esa noche murieron Smith, Andrés, Angie, Fredy, Julieth, Alexánder, Julián, Gabriel, Cristhian, Lorwan, María del Carmen, Eidier y Jáider. Estos dos últimos apenas tenían 17 años; Julieth, 18; Angie, 19. Jáider y Smith eran domiciliarios; Fredy, celador. La mayoría cayó por impactos de bala en el tórax. En Medellín, Cali, Villavicencio, Manizales, Barranquilla, también hubo ataques a varios CAI, incendios de buses, heridos, detenidos.

Esa noche debe pasar a la historia, y ya debería tener un nombre que la identifique como un punto de quiebre, tal vez sin retorno, de esta Colombia convulsa y ese experimento de odio y fractura sembrado desde la derecha al comenzar el siglo XXI. Una jornada inédita y muy reveladora por varios aspectos: una reacción popular ante la brutalidad policiaca contra un simple ciudadano, reflejo del grado de distanciamiento, recelo y animadversión de una ciudadanía hacia ese organismo; una respuesta desproporcionada de los “agentes del orden” contra muchedumbres mayoritariamente inermes, algo que no ocurría desde el gobierno del dictador Rojas Pinilla; una abierta desobediencia en la Policía a la línea de mando y a la sujeción al poder civil, como el Ejército aquel 6 de noviembre de hace 35 años cuando retomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, sin siquiera consultarlo con el presidente. Esa vez, ante el Palacio humeante, Betancur no se atrevió a desautorizar a los mandos castrenses y aceptó, él solo, toda la responsabilidad. Hoy, una alcaldesa valiente no solo está denunciando la insurrección contra ella, sino que ha fustigado a los generales de la Policía y exigido saber qué pasó para señalar responsables.

Por los hechos de ahora, la respuesta institucional ha sido cínica y torpe: de entrada, en la minuta oficial del CAI de Villaluz, donde golpearon a Ordóñez hasta matarlo, solo registraron la novedad de una queja de vecinos por alguien consumiendo licor en la calle; luego, la reacción inicial de los altos mandos no fue separar de sus cargos a los dos implicados directos, los que redujeron a Ordóñez con choques eléctricos (a pesar de su ruego de “por favor, no más”), sino destinarlos a labores administrativas; los destituyeron después porque el escándalo se volvió enorme. Entonces habló el agente Lloreda, uno de los asesinos: “Estoy tranquilo, él era reincidente”. Así justificó la pena de muerte a un borracho y vecino problemático. Los generales, en el Congreso, excusaron los excesos de la noche del 9/09 y les bajaron la gravedad, porque no estaban preparados para la asonada y actuaron en defensa propia. Aceptar que la Fuerza Pública puede actuar con atropellos y arbitrariedad porque de ese modo actúa el oponente es echar por tierra toda la legitimidad del Estado y su principio de garantizar la justa utilización de la fuerza. Peor aún cuando el oponente era una muchedumbre desarmada, aunque hubiera vándalos y saqueadores infiltrados también.

De nuevo, Claudia López desbarató esos descargos con simple sentido común: “Mientras que el 99 % de los policías heridos están heridos por contusiones por piedras, por golpes, solamente hay cuatro heridos por arma de fuego, grave, pero cuatro y ningún fallecido; del lado de la ciudadanía, hay 305 heridos, de ellos 75 por arma de fuego y nueve fallecidos por bala. La desproporción es brutal”.

En un país serio, por sucesos como estos se habría caído un general o un ministro. Aquí, ni siquiera un sargento pues no existe el concepto de responsabilidad política ni institucional, y todo se reduce al cliché elemental de las manzanas podridas. Por eso, Duque no asistió al acto de reconciliación con las familias de los asesinados y prefirió disfrazarse de patrullero para visitar tres de los CAI incendiados. Un mensaje demoledor sobre la forma en que quiere pasar a la historia, no solo como un presidente de papel que llegó al cargo por un mal azar, sino como el gobierno más represivo, de Turbay hacia acá, incluso más que el de su propio jefe.

Lo que se estrenó el miércoles 9 de septiembre fue una nueva fase de la protesta social, esa que puso contra las cuerdas al pequeño Iván en 2019, y de la que se vino a salvar gracias al COVID-19. La ira está desatada; hay un pueblo y un par de nuevas generaciones saturadas ya de tanto abuso, de tanta burla, de tanta afrenta a la inteligencia y a la moral; de los Char presidiendo el Congreso a pesar de todos los señalamientos (incluido el affaire Aida Merlano), de Uribe logrando zafarse de la Corte Suprema a punta de intimidaciones, de procuradoras y fiscales de bolsillo, de tantos tuits emitidos por el uribismo en los últimos años que ahora se les devolvieron, de las ñeñepolíticas que no van a terminar en nada, del veneno constante de las Cabales lanzando acusaciones sin pruebas. Ellos encendieron la mecha de este polvorín, sembraron el odio para prevalecer y quedar impunes, y ahora lo van a tener que lidiar desde un Gobierno que quizá no termine. No insistan en la estupidez de creer que esta furia multitudinaria es simplemente un complot del Grupo de Río o la reacción de unos tontos borregos que se movilizan tras el tuit de un político.

Decía Vicky Dávila en una columna antes de que la Corte pusiera preso a Álvaro Uribe que si osaban hacer eso se atuvieran a la violencia sobreviniente; hoy digo yo, vistos los sucesos del 9/09, que nos atengamos a una ira desmadrada si el fiscal ad hoc del caso, muy alegremente, acaba con el proceso de la Corte y archiva la investigación contra el reo en la cárcel más amplia del mundo.

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