La nueva agenda

En cuestión de pocas semanas, y por causa del coronavirus, cambió completamente el panorama del país. A finales de 2019 uno de los símbolos de las tensiones sociales era la capucha con la que se cubrían la cara docenas de vándalos que día tras día peleaban con la policía y lanzaban piedras y botellas incendiarias; hoy somos nosotros, cientos de miles de colombianos, quienes nos cubrimos con máscaras tapabocas. En esos días, un puñado de sindicatos públicos y algunos estudiantes convocaban a las plazas y calles, las mismas que hoy están desiertas, quién sabe por cuánto tiempo. Las cifras de entonces reflejaban una vigorosa recuperación económica y Colombia exhibía las mejores tasas de crecimiento de América Latina; hoy comparte con muchos otros países proyecciones de una profunda y prolongada recesión. En noviembre y diciembre pasados, las encuestas mostraban que la popularidad del presidente Duque y el alcalde de Bogotá eran muy bajas; hoy, en cambio, el primer mandatario y la alcaldesa, a raíz del manejo de la crisis de la pandemia, registran altos niveles de aprobación.

Los temas del debate público son también ahora diferentes. Frente a la amenaza del COVID-19, muchos asuntos que antes parecían fundamentales han pasado a segundo plano. Ante las prioridades de la vida y de la muerte, los motivos de la polarización que dividían al país político parecen haberse reducido a sus justas proporciones. Es muy posible que, dada la magnitud del impacto de la pandemia, los temas de la recuperación y reconstrucción de la economía, de acuerdo con principios de solidaridad y equilibrio social, copen la atención de los principales actores de la vida política en los próximos meses. Si se aprovecha esta oportunidad, el país podría construir una nueva agenda enfocada al futuro, pasar la página de temas superados y alejarse definitivamente del cobro de cuentas, los insultos y las estériles descalificaciones de los líderes de los últimos lustros.

Más allá de las inevitables y explicables diferencias que pueden existir entre ellos, las buenas encuestas del presidente y la alcaldesa reflejan el reconocimiento colectivo de sus esfuerzos y su dedicación al manejo de la emergencia y la atención de sus víctimas, especialmente las más desprotegidas. Nadie disputa el hecho de que, gracias a ellos, millones de personas han recibido auxilios económicos que, en alguna medida, compensan algo de los ingresos perdidos por la forzosa suspensión del trabajo. Es significativo que buena parte de las críticas a sus decisiones no se refieren a la naturaleza y orientación de las mismas, sino que se limitan a cuestionar el monto e intensidad de ellas.

No está garantizado, eso sí, que el respaldo del que hoy gozan estos mandatarios se mantenga en los próximos meses. Si la crisis se prolonga, se producen quiebras masivas, se eleva el desempleo y explota la pobreza, sin un aumento adecuado y oportuno de los apoyos a las víctimas, seguramente se alentarán nuevas expresiones de insatisfacción y protesta, probablemente caóticas y espontáneas, diferentes a las que hace unos meses promovían en forma centralizada los sindicatos y estudiantes. Para evitar estos hechos, es indispensable que mantengan un análisis cercano del avance de la crisis y que se anticipen a tomar las medidas necesarias para auxiliar a los afectados de forma eficaz.

 

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