Colombia2020 y Rutas del Conflicto lanzan plataforma para seguir el pulso al acuerdo de paz

hace 3 horas
Por: Humberto de la Calle

La nueva legitimidad

AHORA QUE SE ACERCA UN NUEVO aniversario de la Constitución, vale la pena señalar que el cambio producido no se remite al simple funcionamiento del Estado sino que, en consonancia con un movimiento universal, lo que ha ocurrido es un desplazamiento del centro de gravedad de la democracia, esto es, de su fuente suprema de legitimación.

Durante largo tiempo, se partía de la base de que la expresión central de la democracia era la “voluntad general” encarnada en la ley. Por lo tanto, desde el punto de vista de su configuración anatómica, el Congreso era el sancta sanctorum de la democracia. Hasta el punto de que el llamado recurso de casación, hoy en manos de las cortes, no era sino una herramienta del Congreso para supervisar el trabajo de los jueces y someterlos a la verdadera interpretación de la ley, que no podía ser otra que la que dictara el Congreso, órgano que la había fabricado. En consecuencia, el recurso de casación, que tenía el poder de anular las sentencias de los jueces, lo aplicaba una comisión del propio Congreso.

Hoy la situación es muy distinta, y no solo se predica de Colombia como creen algunos. Esa fuente de la legitimidad, que orbitaba alrededor del proceso electoral, se ha desplazado hacia la preservación de los derechos que garantizan la dignidad de la persona humana lo cual incluye, y quizás con mayor intensidad, los derechos de las minorías. Lo que legitima hoy una democracia es la capacidad de la organización política para hacer prevalecer los derechos fundamentales. Siendo ello así, es apenas natural que el cofre donde se guarda ahora la legitimidad esté en cabeza de las cortes o tribunales constitucionales. La fábrica de la legitimidad está allí, en estos nueve sabios que se erigen en un poder superior, en cuanto el verdadero sentido democrático de la normatividad no proviene ahora de la validación que haga el Congreso, sino del dictamen de estas cortes. Y no se mide en términos de mayorías o minorías, sino en términos de apego a los derechos esenciales.

Por lo tanto, cada que alguien discrepa de la Corte Constitucional con el argumento de que no es democrático que nueve señores no elegidos por voto popular tengan capacidad “legislativa” y hasta “constituyente”, aunque tiene una razón aparente, es en verdad una razón que no atiende a las transformaciones profundas en el concepto de democracia. La validación democrática no proviene ahora de un simple recuento de votos, aunque esta es una herramienta valiosa en el quehacer del Estado, sino de una verificación en el terreno de los valores. ¿Tiene esto sus peligros? ¿No es un criterio demasiado elástico? Sin duda. Pero el fenómeno trasciende nuestras fronteras y es en las canteras del constitucionalismo donde hay que buscar del vellocino de oro de la democracia contemporánea.

La principal herramienta existente para controlar ese poder es la autocontención de los jueces constitucionales. Y, por supuesto, la propia configuración de la Constitución. En parte por eso, algo que sorprendió a muchos en 1991, las constituciones hoy tienden a ser mucho más largas. El constituyente expande la norma con la idea de controlar al Ejecutivo y al Congreso, pero también para impedir que la Corte tenga un campo demasiado amplio, lo que generaría una deformación indeseable.

 

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