Por: Álvaro Camacho Guizado

La nueva política de drogas peligrosas

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE Justicia ha anunciado que el Gobierno tiene la intención de presentar al Congreso un nuevo estatuto de estupefacientes. Esta puede ser una noticia mala o buena, según sea el propósito del Gobierno y la reacción de los congresistas.

 

Puede ser mala si sigue insistiendo en la terca posición prohibicionista del gobierno anterior, que dejó una amarga huella en ese asunto: en primer lugar, en el referendo que intentó hacer aprobar al comienzo de su periodo, y que versaba sobre la lucha contra la corrupción y la politiquería (itálicas propias), introdujo la propuesta de prohibir el consumo de la dosis personal. Más tarde logró hacer pasar la medida en el Congreso, pero en una normativa que resultó un galimatías imposible de entender, y menos de aplicar: eso de los tratamientos médicos que apoyaban los castigos a los consumidores resultó un canto a la bandera.

Es de esperar que el nuevo gobierno, que tiende a ser un poco más sensato y menos fundamentalista, modifique ese entuerto y presente un proyecto más ponderado. Si no lo hace, será un proyecto malo, y correrá el riesgo de que los congresistas lo empeoren.

En cambio, si lee lo planteado por la comisión de expertos de la que formaron varias personalidades mundiales y que se presentó hace pocos días, puede salir con algo más o menos aceptable. En primer lugar, debe modificar la definición del consumidor como delincuente y adoptar una perspectiva de salud pública. En segundo lugar, debe ir pensando en descriminalizar el consumo de marihuana y enfrentar ese consumo (y el de otras drogas que se consideren peligrosas para la salud) a partir de políticas preventivas y no punitivas. En este campo el Ministerio de Salud que se organice en el futuro debe desempeñar un papel central.

Está bien que se concentre en el combate a la infraestructura económica del narcotráfico, y para que esto tenga algún resultado debe concentrar esfuerzos tanto de la Policía como de un organismo especializado, como la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis (UIAF), con la esperanza de que no se dedique a hacer chuzadas ilegales. Desde luego debe transformar radicalmente la Dirección Nacional de Estupefacientes

En la reducción de la oferta se debe concentrar en la erradicación manual, eliminando la aspersión aérea, y para esto debe diseñar estrategias que no alienen la voluntad campesina: oferta de créditos blandos, apertura de vías, centros de comercialización, en fin, bienes públicos que posibiliten la conversión de los cultivadores de sustancias peligrosas.

En lo internacional es necesario buscar más acercamientos con gobiernos europeos, que suelen ser más sensatos que los gringos: es posible aprender de las políticas de reducción del daño que varios han adoptado con éxito. Una tarea central será trabajar con gobiernos latinoamericanos para obtener modificaciones sustanciales a las políticas de Naciones Unidas.

La lista es larga, y en espera de la propuesta gubernamental podemos esperar que el gobierno de Santos nos dé una de tantas sorpresas positivas. Y claro, desde ahora habrá que adivinar en qué se transformarán los futuros narcos, si es que de verdad resulta que las bacrim están en plan de desmovilizarse. Esto a partir de la convicción de que ni con las mejores medidas se va a acabar el narcotráfico en el país.

 

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