Por: Salomón Kalmanovitz

La nueva reforma tributaria

Una comisión de expertos encontró que el sistema tributario colombiano es insuficiente, inequitativo e ineficiente. Con el colapso de la renta petrolera, los huecos preexistentes en el recaudo quedaron expuestos: si no se hace nada, hacia 2020 el déficit fiscal superará los $38 billones, casi 5% del PIB.

Es un sistema en el que los que más tienen menos pagan; así, el 1% más rico no paga impuestos sobre el 88% de sus ingresos y los asalariados pagan más de su peculio que los rentistas del capital. Hay mucha ineficiencia en la dispersión de tarifas y en las exenciones, en la propia complejidad del estatuto que facilita la evasión, superior al 3% del PIB.
 
Las dos recientes reformas tributarias estuvieron mal diseñadas y aumentaron poco el recaudo. Lo que hicieron fue multiplicar las cargas: al tiempo que se reducían los impuestos a la nómina se aumentaba el de renta, o sea que lo que quitó con una mano lo aumentó con la otra. El Congreso aprueba los impuestos que se concentran en las empresas (como el de la riqueza), en los usuarios del sistema financiero, y los aprobados en el pasado de manera temporal y que reeditan sin mayor estudio; trata bien a los dueños del capital y de la tierra.
 
Mientras los propietarios de los negocios tienen exentos sus dividendos y el valor de las acciones que poseen —no son sujetos del impuesto a la riqueza, ¡hágame el favor!—, las empresas enfrentan tasas elevadas y deben pagar IVA por sus bienes de capital, castigando su inversión y crecimiento. La tarifa de las empresas en los países de la OCDE es del 25%, pero en Colombia suma 43%. Las personas tributan en Colombia el 0,8% del PIB, mientras que en la OCDE aportan 8,5%. La distribución de la riqueza acá empeora después de impuestos. Lo lógico es bajar las contribuciones de las empresas y aumentar las de personas naturales.
 
El IVA es un impuesto que tiene demasiadas tarifas que facilitan su elusión y evasión; simplificándolo, se puede aumentar su recaudo, aunque la comisión ve la necesidad de elevarlo, dada la dificultad de poner a tributar al sector informal.
 
Una tronera del sistema tributario está constituida por las fundaciones sin ánimo de lucro. Brillan entre estas las cajas de compensación familiar, a las que se les han otorgado privilegios para sus EPS, comercios y hoteles; ellos administran dineros públicos, sin estar sujetas al escrutinio de la Contraloría, y compiten con negocios a los que sí les corresponde tributar. Algo similar sucede con gremios como la Federación de Cafeteros o los fondos ganaderos, que recaudan contribuciones que se gastan casi como quieren y no aportan al fisco. Existen muchas fundaciones que se organizan con el fin de evadir tributos, repartiendo su lucro por medio de salarios elevados para sus funcionarios y familiares, incluyendo algunos planteles educativos (la Universidad Autónoma del Caribe tiene hasta equipo de fútbol profesional), clínicas, clubes sociales y deportivos. Es hora de que el Gobierno los meta en cintura y contribuyan al bienestar general.
 
La comisión también examinó la conveniencia de los impuestos que recaudan departamentos y municipios, sentando las bases para una reforma estructural a todos los niveles del Estado. Obtendríamos así, si el Congreso aviene, un sistema tributario racional, justo y eficiente que favorezca la generación de empleo formal, el desarrollo nacional y también el de las regiones. ¿Será posible?

 

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