Por: José Roberto Acosta

La nulidad del contrato Ruta del Sol

Con la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato de concesión n.° 001 de 2010 para la construcción del tramo dos de Ruta del Sol, por objeto y causa ilícitos y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder, se terminó ratificando hechos ya denunciados.

En caso de haberse firmado la conciliación entre el actual Gobierno y los banqueros involucrados en este contrato se hubiera hecho un pago cincuenta veces superior a los $24.217 millones que el laudo arbitral ordenó pagar a la nación, adicionales a los $5,4 billones que ya les hemos pagado a la sociedad de Odebrecht y al Grupo Aval por cuenta de peajes y vigencias futuras.

Si el Gobierno hubiera firmado esa sospechosa conciliación nunca hubiéramos conocido las 699 páginas del laudo del pasado 6 de agosto, pues si las partes en disputa hubieran llegado a un acuerdo antes, por sustracción de materia, se hubiera tenido que disolver el Tribunal y su decisión hubiera quedado en un eterno misterio.

En su defensa, el Gobierno actual ha echado el agua sucia al Gobierno anterior, ratificando que el camino jurídico inicial debió haber sido la caducidad del contrato, pues estaba probado por el interventor el incumplimiento hasta del 85 % de varios hitos de obra, además del soborno, y que son causales suficientes para haberla declarado unilateralmente pero que, como se prueba en interceptaciones telefónicas de enero de 2017 al expresidente Juan Manuel Santos, se buscó “la solución amigable” con los corruptos.

Ya el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tenía cuadrada la emisión de deuda pública para adelantar el pago a los siete bancos, representados en el Tribunal de Arbitramento por su socio en el escándalo de los bonos de agua, Andrés Flórez Villegas, y quien en nombre de Asobancaria también defendió el polémico artículo 20 de la Ley 1882 ante la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo establecido en el inciso 1 del parágrafo 2 del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018, la Procuraduría solicitó al Tribunal que se condenara al concesionario Odebrecht-Grupo Aval al pago de la cláusula penal equivalente al 5 % del valor del contrato, pero no aparece detallada dicha condena en el laudo. Si se omitió este 5 % el concesionario nos saldría a deber. Esta novela sigue, a pesar de que quieran terminarla precipitadamente.

@jrobertoacosta1; [email protected]

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