Por: Nicolás Uribe Rueda

La oposición

A ocho días de las elecciones aún no hay luces sobre quién será el próximo presidente de Colombia.

Sin embargo, lo que parece inevitable es que será un gobierno débil, sin un mandato claro. A la polarización política debe sumarse también la desafortunada herencia que deja esta campaña, la división de los partidos políticos, la pobre gobernabilidad en el Congreso y un puñado de instituciones sin credibilidad.

Y esto no sería un gran inconveniente si no fuera porque Colombia necesita de consensos generosos para sacar adelante iniciativas importantes para lograr crecimiento y equidad. Sin embargo, son muchos los temas que no saldrán bien si simplemente se tramitan con el aplastamiento de la oposición y del triunfo de unas facciones políticas sobre sus opositoras. Empecemos por hablar de la reforma a la justicia. Unas instituciones politizadas y malqueridas por los ciudadanos hay que convertirlas en el pilar fundamental de la estabilidad jurídica y la paz. Ello requiere articulación institucional, serenidad en la toma de decisiones y desprendimiento personal orientado por la idea del bien común. Introducir y sacar adelante una reforma a la justicia que sea interpretada como estrategia revanchista o como componenda politiquera sería ir pavimentando el camino hacia el desastre.

El próximo gobierno también tendrá que introducir reformas económicas y ser claro con el país sobre sus prioridades en materia de gasto público e inversión social. El segundo semestre de este año será el de la reforma tributaria y 2015 probablemente arrancará con la contrarreforma a la distribución de regalías, aquella que debe corregir las causas que generan el rechazo a las actividades extractivas en los territorios. Si Colombia quiere enfrentar en serio los efectos del cambio climático, tendrá entonces que acordar políticamente una seria reforma a las instituciones del sistema nacional ambiental y a través suyo vacunarlas contra la corrupción y la politiquería.

Para salir adelante, y lograr crecimientos económicos superiores al 6% durante períodos de tiempo prolongados, nuestro país necesita definir su política de desarrollo industrial y ejecutarla con prontitud. No podemos seguir extraviados en debates judiciales por cuenta de la compra de predios para desarrollar proyectos de infraestructura, ni es posible avanzar en desarrollo rural sin vías de comunicación que permitan conectar el campo con los mercados. El país debe decidir sin dilaciones cuáles proyectos requieren consulta previa y dónde están los límites temporales y materiales de su realización. No se puede seguir con tanto obstáculo para el desarrollo regional.

El país necesita un acuerdo político también para combatir en serio el contrabando y decidir acabar, por ejemplo, con ese pésimo invento de la zona especial aduanera de La Guajira, por donde se cuela un porcentaje altísimo de mercancía ilegal que castiga a las empresas locales, incentiva la criminalidad, promueve el narcotráfico y corrompe las instituciones.

El mandato del próximo gobierno no será contundente. Pero las necesidades del país por un gobierno que gobierne sí son apremiantes. Ojalá la oposición que nazca del proceso electoral lo entienda así y en el marco de su trabajo de control político también comprenda que la patria está por encima del rédito electoral y que en ciertas circunstancias, como ahora, se requiere su participación en la construcción de soluciones.

 

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