La oposición debe ser honesta y jurídicamente soportada

Como lo hemos dicho en columnas anteriores, los delitos de sangre no se heredan. A nadie se le puede obnubilar su futuro o cuestionar en el desempeño de un cargo por hechos cometidos por un familiar, máxime cuando tuvieron ocurrencia fuera del cargo y 23 años después de estarlo ocupando.

Lo que sucede es que en nuestro país hay una oposición que al parecer no ha aprendido a distinguir la responsabilidad directa del funcionario, confundiéndola con delitos de parentesco y responsabilidades personales. Como si fuera poco, los personalizan con tanta saña y sevicia que no lo hacen en aras de prestar un servicio al país, sino, más bien, para confundir a la opinión pública, lo que podría llamarse terrorismo social.

Para ser un buen opositor se requiere no tener rabo de paja, como el de los senadores Gustavo Petro y Roy Barerras: con solo arrimarles un fósforo, inmediatamente se les prende el trasero y no hay bombero que lo apague, solo la Fiscalía, para que los investigue por sus fechorías cometidas en el pasado.

En consecuencia, he ahí un enorme vacío legislativo. Es vergonzoso que dos “honorables” senadores de la República se rasguen las vestiduras frente a los televidentes por un hecho que ya no tiene la más mínima dimensión ni relevancia moral o política, pues, como lo explica la vicepresidenta Marta Lucía, todo se manejó con sentido de responsabilidad y de conformidad con la justicia penal estadounidense.

Considero que el señor presidente del Congreso debería llamar al orden a estos dos senadores, porque sus acusaciones fuera de base le restan mucha credibilidad y prestigio a la máxima corporación legislativa del país, como lo es el Senado de la República.

A quienes tratan de enlodar el nombre de la vicepresidenta parece que se les está yendo la mano y se están quemando al vaivén de señalamientos inoportunos y sin fundamento.

Traer a colación hechos sucedidos en el pasado, que no tienen relación directa con el desempeño del cargo, no deja de ser una oposición malintencionada, rastrera y personalizada, que no resiste ningún debate de control político, como pretenderán hacerlo sus ilegítimos detractores.

Los principales contradictores y detractores de la señora vicepresidenta no son precisamente un dechado de virtudes. Si la opinión pública les sacude su conciencia, muy seguramente caerá un sartal de acusaciones y señalamientos, pues son personas —con algunas excepciones— que se han fogueado en el tenebroso mundo de la delincuencia, con chanchullos y peculados a bordo —si no, que lo diga el senador Roy Barreras sobre el caso de Caprecom, que prácticamente quedó en la ruina—.

Por eso, pretender buscar el muerto río arriba es sencillamente la obra de quienes se asfixian con la verdad. Sus acusaciones y señalamientos son tan pueriles y malsanos que se salen de los cauces de la verdad jurídica, para ingresar a los archivos de los necios y rencorosos que viven imaginándose actos inmorales donde no los hay.

Los senadores Gustavo Petro y Roy Barreras, que jocosamente se están rasgando las vestiduras por hechos sucedidos hace 23 años con un hermano de la señora vicepresidenta, están cometiendo el peor error de su vida política y como senadores deberían recibir una sanción ejemplar de parte de los directivos del Congreso de la República.

Menos mal que a Marta Lucía Ramírez la mayoría de los colombianos la valoran, como una funcionaria honesta, siempre al servicio del país, con sentido de responsabilidad y pertenencia.

urielos@telmex.net.co